Amnistía Internacional presentó su informe Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, en el que responsabiliza al Estado de ese país de más de 8 mil 200 ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2015 y junio de 2017.
Según el organismo, el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto de inseguridad, sino que ha implementado medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia.
Destaca que el año pasado el 95 por ciento de las personas asesinadas fueron hombres jóvenes de entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.
También en 2016 el país sudamericano alcanzó el índice de homicidios más alto de su historia, ya que más de 21 mil 700 personas murieron debido a la inseguridad. Al siguiente año el gobierno estimó la tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes, pero las organizaciones no gubernamentales presentaron otro cálculo: 89 por cada 100 mil habitantes.
Según Amnistía Internacional, el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal en dos niveles: primero, no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares, y segundo, ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, el organismo indentificó que las políticas represivas aplicadas por el Estado venezolano terminan por criminalizar socialmente la pobreza.
Los planes de seguridad aplicados entre el año 2002 y el 2017 priorizaron la aplicación de sus elementos de represión con operativos reactivos policiales para combatir el delito, en los cuales se ha reportado la comisión de allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Esta lógica de mano dura que considera la delincuencia como “el enemigo interno” han contribuido al alza en las tasas de homicidios, con múltiples indicios de que se han cometido ejecuciones extrajudiciales.
Amnistía Internacional también destaca las numerosas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, entre las que se incluyen detenciones arbitrarias por motivos políticos, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares.
Lo anterior es una de las causas por las que un número creciente de venezolanos ha decidido abandonar su país (la Organización de las Naciones Unidas calcula 2.3 millones de personas desde 2014).
Finalmente, Amnistía Internacional convoca al Estado venezolano “a implementar un plan de seguridad que, además, garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y, en especial, la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Las autoridades deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición”.
FUENTE: ETCÉTERA
