El juzgado federal cuarto de distrito del noveno circuito otorgó un amparo definitivo contra la operación del basurero de desechos tóxicos industriales y mineros, que empresarios privados y ex funcionarios estatales pretendían erigir en el rancho Palula, ubicado en el semidesierto del altiplano mexicano, en los municipios de Santo Domingo, San Luis Potosí y Villa de Cos, Zacatecas.
De acuerdo con el proyecto del vertedero que se entregó en el manifiesto de impacto ambiental a las autoridades ambientales del país, se pretendía confinar ahí hasta 185 mil toneladas anuales de desechos industriales y mineros, con altos contenidos de sustancias tóxicas y metales pesados.
La resolución fue dada a conocer por integrantes de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de un breve comunicado difundido por Facebook, donde se informó ayer lunes que, después de más de dos años de litigio, “la justicia de la unión concedió el amparo al Comité en Defensa de la Vida del Altiplano Potosino, contra los permisos ilegales de operación del tiradero de residuos industriales que pretendía instalarse en el municipio de Santo Domingo”.
El amparo definitivo contra la construcción y operación del basurero tóxico, identificado formalmente como Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de C.V., corona la oposición generalizada que contra el proyecto se produjo en toda la región del altiplano mexicano, donde confluyeron cientos de agricultores, ganaderos, indígenas del pueblo Wixarika, académicos, ambientalistas e integrantes de la pastoral social de San Luis Potosí. Más de una decena de reuniones comunitarias y protestas públicas se realizaron contra el confinamiento, en dos años.
La evaluación del tiradero
Como lo consignó La Jornada, el domingo 11 de octubre del 2015, más de 500 campesinos y sus familias, procedentes de San Luis Potosí y Zacatecas, reunidas con autoridades de los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos, así como representantes de 13 comisarios ejidales, participaron en el primer foro de análisis y evaluación del tiradero de desechos industriales tóxicos, donde expresaron su rechazo total a ese proyecto, se informó entonces, promovido por el empresario minero José Cerrillo Chowell, quien estaría asociado con el ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga.
En aquella reunión intervinieron seis investigadores del Colegio de San Luis Potosí (Colsan), encabezados por Francisco Peña, quienes presentaron a los habitantes de la región el contenido del manifiesto de impacto ambiental del proyecto, explicándoles que éste sería ilegal, pues no cumplía con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que entre otras deficiencias, el empresario Cerrillo Chowell omitió realizar una consulta pública con los habitantes para obtener su aprobación.
Aunque formalmente el “Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula S.A. de C.V.”, informó que el basurero tóxico sería construido sobre una superficie de solo 20 hectáreas, sin embargo los especialistas del Colsan revelaron que el tiradero estaría asentado en todo el predio de 600 hectáreas del rancho Palula, donde se pretendía que concesionarios mineros del centro y norte de México confinaran hasta 185 mil toneladas anuales de desechos industriales peligrosos que contienen cianuro, arsénico, cromo, cadmio y mercurio, así como metales pesados, entre otras sustancias dañinas para la salud y el medio ambiente, que se alertó, impactarían a toda la región.
Todavía el año pasado, el juzgado cuarto de distrito del noveno circuito ordenó, el mes de julio de 2017, dio a conocer que los dueños y/o representantes legales del “Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula S.A. de C.V.”, impidieron el acceso a ese predio a peritos adscritos a la Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la Procuraduría General de la República, quienes se apersonaron en el sitio para realizar algunas diligencias y peritajes relacionados con el litigio.
“Glósense a los presentes autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales correspondientes las razones de diez de julio de dos mil diecisiete, levantadas por los actuarios judiciales adscritos a este juzgado (…) el actuario judicial adscrito manifiesta que no se llevó a cabo la diligencia ordenada, en razón de no haberse permitido el acceso al interior del rancho Palula y no haber persona alguna que atendiera y abriera la cerca de entrada, la cual se encontró cerrada con cadena y candado”.
Esta acción le valió entonces un “apercibimiento” legal a la empresa así como una “multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $7,549.00, multa que deberá hacerse efectiva por conducto del Administrador Local de Recaudación de San Luis Potosí”.
Repudio social al confinamiento
Organizándose en instancias como el Comité en defensa de la vida de Santo Domingo, y con el apoyo de investigadores, especialistas y abogados del Programa “Agua y sociedad” de El Colegio de San Luis, A.C., por equipo legal del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz A.C. y de la misma Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, los habitantes de la región interpusieron en contra del basurero tóxico dos juicios de amparo, dos denuncias ambientales, una denuncia penal y un juicio de nulidad.
Desde el inicio del juicio, se señala en el comunicado la Clínica de Litigio Estratégico de la UASLP “se denunciaron numerosas irregularidades que derivaron en la concesión de suspensiones provisionales y definitivas que había paralizado el proyecto del Centro de Ingeniería del Rancho Palula”.
En el año 2016, José Contreras Delgado, presidente municipal de Santo Domingo, promovió un amparo a través del mismo juzgado cuarto de distrito –con sede en la capital potosina-, que quedó registrado con el número de expediente 693/2016, dando inicio a un largo litigio en el que la empresa “Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de C.V”.
El edil promovió el recurso legal, ante la enorme inconformidad social que generó la noticia de que en septiembre del año 2012, sólo unas horas antes de concluir su mandato constitucional, ex funcionarios del mismo municipio de Santo Domingo habían aprobado el “Cambio de Uso de Suelo”, en el rancho Palula, para que se construyera el vertedero de desechos tóxicos e industriales.
La misma empresa privada, a través de sus representantes legales, tampoco no pudo sostener la legalidad otros actos que realizó para erigir el proyecto, entre otros, como el no haber realizado una consulta pública entre los habitantes de la región, sobre el basurero tóxico.
Este martes 10 de julio, el consejo de la judicatura publicó un resumen del amparo definitivo contra la construcción y operación del basurero tóxico: “La Justicia de la Unión ampara y protege a José Contreras Delgado, Tereso Doñez Flores y J. David Ruiz Regino, contra los actos reclamados… relativos a la licencia de cambio de uso de suelo de tres de septiembre de dos mil doce, expedida a favor de Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, sociedad anónima de capital variable”.
También se revocó con este amparo definitivo, la “autorización en materia de impacto y riesgo ambiental de once de junio de dos mil quince, contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG. 04340, por los motivos, fundamentos y efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo del presente fallo”.
Fuente: La Jornada
