La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal acusó presuntas irregularidades e intervención política en el proceso judicial que enfrenta el empresario, al asegurar que desde agosto de 2024 un juez ya había determinado su inocencia, pero la resolución no fue validada.
En conferencia de prensa, los abogados señalaron que el 14 de agosto de 2024 un juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca resolvió a favor de Vera Carrizal; sin embargo, afirmaron que la magistrada Berenice Ramírez Jiménez frenó dicha determinación, acción que calificaron como una “aberración judicial”.
Explicaron que ante esta situación promovieron un juicio de amparo y detallaron que el expediente 55/2025 continúa pendiente de resolución en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo.
De acuerdo con la defensa, el caso ha sido retirado de discusión en distintas ocasiones sin explicación, específicamente el 31 de marzo, el 14 de abril y el 3 de junio, lo que —aseguraron— ha retrasado deliberadamente el análisis de fondo.
Los litigantes también acusaron que magistradas buscaron que el expediente fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuestamente a petición de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
Según expusieron, el pasado 14 de mayo la Suprema Corte declaró improcedente atraer el asunto al considerar que no cumplía con criterios de trascendencia, por lo que insistieron en que “no existe prueba” contra Vera Carrizal.
Asimismo, denunciaron una supuesta intromisión del funcionario Néstor Vargas Solano, a quien señalaron de enviar un oficio dirigido a la magistrada Brisa Albores Medina con la intención de influir en una resolución adversa para el empresario.
La defensa sostuvo que existe presión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar la autonomía de los tribunales y el respeto a la independencia judicial.
Finalmente, afirmaron que Juan Antonio Vera Carrizal continúa en prisión por motivos políticos y acusaron a María Elena Ríos de difundir información falsa respecto al estado del proceso legal.
