Rocío Martínez Helmes, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), acusó al rector Cristian Eder Carreño López de no mostrar disposición para resolver la toma de las instalaciones de la facultad, que persiste desde hace tres semanas. Señaló que la inacción del rector ha permitido que el conflicto se prolongue, causando daños visibles al patrimonio universitario.

Martínez Helmes destacó que las instalaciones presentan pintas y que los accesos han sido bloqueados con pupitres, lo que afecta el desarrollo de clases y actividades académicas. Además, expresó preocupación por la integridad de bienes resguardados, como pizarrones inteligentes, consolas de audio, material de limpieza y obras consideradas patrimonio de la universidad, ubicadas en el auditorio y otras áreas de la facultad. Advirtió que espera que no se hayan roto candados ni extraviado estos recursos, fundamentales para proyectos financiados a nivel federal.

La directora lamentó que, a diferencia de otras ocasiones en las que el rector acudió de inmediato a dialogar ante tomas de instalaciones como la rectoría o Ciudad Universitaria, en este caso no ha habido respuesta.

Recordó que en conflictos previos en las facultades de Economía y Ciencias Químicas, Carreño López intervino rápidamente, incluso en horarios tempranos, para buscar soluciones. Sin embargo, en esta ocasión, tras tres semanas, no se ha establecido comunicación ni disposición para resolver el problema.

Asimismo, Martínez Helmes denunció una campaña de violencia de género y política en su contra y de otras trabajadoras de la administración, a través de descalificaciones, calumnias y discursos de odio en redes sociales.

Exigió al Rector un pronunciamiento claro y medidas concretas para proteger a las afectadas, subrayando que la universidad, como institución, tiene la responsabilidad de no tolerar estos actos. Afirmó que existen canales legales para abordar estas agresiones, pero criticó la falta de acción por parte de la administración central.

La directora enfatizó su compromiso y el de su administración para conducir el conflicto de manera institucional y buscar soluciones, pero insistió en que la ausencia de intervención del rector agrava la situación. La toma de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales continúa sin avances hacia una resolución, afectando a la comunidad estudiantil y al funcionamiento de la unidad académica.

Vía Ahora Oaxaca

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 11/2025, dirigida a la Fiscalía General del Estado, tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos en agravio de cinco integrantes de una familia.

Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2025, durante un operativo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes ingresaron de forma violenta al domicilio familiar, emplearon uso indebido de la fuerza, retuvieron ilegalmente a las víctimas —entre ellas personas mayores— y atentaron contra la libertad de expresión de un integrante de la familia, periodista, quien documentaba el operativo mediante una transmisión en vivo.

Con base en la evidencia recabada a través de material audiovisual, valoraciones médicas, psicológicas y testimonios, la Defensoría acreditó las siguientes violaciones: inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal, uso indebido de la fuerza pública, retención ilegal, violaciones a derechos de personas mayores y restricción a la libertad de expresión.

Por lo anterior, la DDHPO solicita a la Fiscalía General del Estado la reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo una compensación justa, inscripción de las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas, así como un seguimiento y correcta integración de la carpeta de investigación.

También, este organismo autónomo solicita la Implementación de un curso integral en derechos humanos para agentes de la AEI y del Ministerio Público, con énfasis en uso de la fuerza, derechos de personas mayores y periodistas, además de instruir que todo el personal de la FGEO garantice el respeto y no obstaculización a la libertad de expresión, así como realización de una disculpa pública, reconociendo las violaciones acreditadas y el reconocimiento de sus responsabilidades.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reitera que estas acciones no buscan desacreditar instituciones, sino fortalecer un estado democrático de derecho, en el que la dignidad y los derechos humanos sean plenamente garantizados.