Redacción
El Gobierno de Oaxaca respondió al informe difundido recientemente por la organización Alas y Raíces de los Movimientos Sociales, en el que se asegura que durante los dos primeros años y medio de la administración de Salomón Jara se cometieron 32 asesinatos de personas defensoras.
En un pronunciamiento oficial, la administración estatal calificó el documento como carente de rigor metodológico y con una visión parcial de la realidad. “Oaxaca es, y seguirá siendo, un territorio de libertades. En nuestra administración no se persigue a líderes sociales, no se criminaliza la protesta y no se limita la libre expresión”, se afirmó.
El monitoreo “Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria”, que realizó Servicios para una Educación Alternativa (Educa), presuntamente es el resultado de la campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, mismo que se dio a conocer en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con el gobierno, el informe omite que la mayoría de los hechos violentos registrados en la entidad tienen origen en disputas comunitarias, conflictos agrarios o actos del fuero común, sin relación con políticas estatales. Señaló además que el reporte generaliza el término “defensor” y mezcla agresiones de distinta naturaleza sin evidencia que vincule al gobierno con actos de criminalización o violencia.
Como contraste, el Ejecutivo estatal destacó acciones emprendidas para garantizar la gobernabilidad y la paz social, entre ellas:
*Instalación de mesas permanentes de atención en comunidades indígenas y campesinas.
*Reducción de bloqueos y expresiones de confrontación mediante el diálogo.
*Respeto a la libre manifestación, sin represión ni persecución.
*Fortalecimiento de programas sociales para atender causas de desigualdad y violencia.
“El gobierno de Oaxaca ha demostrado con hechos su compromiso con la paz”, aseguró la administración, al tiempo que advirtió que la difusión de diagnósticos sin sustento debilita las luchas legítimas de quienes realmente defienden los derechos humanos.
Finalmente, el pronunciamiento subrayó que el estado transita por un camino donde la paz se construye con democracia, justicia social y respeto a todas las voces.
