Delante de los integrantes de la prensa que se dan cita en el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió los motivos por los cuales presentó la reforma al Poder Judicial, en el marco en el que los trabajadores se fueron a paro e incluso, ha habido una postura por parte del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar a la cual tanto el mandatario mexicano como la futura presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo ya se pronunciaron.
El fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hizo hincapié en que esta reforma lo que busca hacer es acabar con la corrupción, objetivo principal de la denominada Cuarta Transformación (4T) impulsada por él mismo.
“Podemos ir limpiando de corrupción al Poder Judicial y que los jueces, magistrados y ministros sepan que representan al pueblo, a la nación y que su función es impartir justicia, por eso se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino había que quitarle el nombre”, dijo.
Momentos después de haber dado a conocer la nota diplomática que le envió el pasado jueves 22 de agosto a su homólogo Joe Biden, el morenista originario de Macuspana, Tabasco continuó su discurso donde insistió en defender la reforma al Poder Judicial remarcando que el país vive en una democracia mediante la cual el pueblo elije a todos sus gobernantes, llevándolo a cuestionar cuál es el motivo por lo que entonces los trabajadores se oponen.
“Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren, ¿cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? ¿Qué no los mexicanos vivimos en una democracia? ¿Qué no es a democracia el gobierno el pueblo y para el pueblo?”, cuestionó.
Bajo esa tónica, el morenista recurrió al Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al recordar que en él se establece que el pueblo tiene el poder de cambiar la forma de su gobierno si así lo desea, un acto que ocurre cuando se decide a los presidentes municipales, gobernadores, diputados federales, algo que hace lógico que ocurra con los magistrados y jueces.
“¿Qué no es el pueblo el soberano, el que manda? ¿Por qué se elige al presidente de la Republica -ahora presidenta-, y no se va a poder elegir a los jueces, magistrados?”, remarcó.
¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?
La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente, misma que ha generado desde dudas hasta críticas, abarca una serie de modificaciones constitucionales y legales que buscan, según el discurso oficial, combatir la corrupción, el nepotismo y la impunidad en este poder del Estado. Entre los puntos más relevantes se encuentra la elección por voto popular de jueces y magistrados
En ese sentido, se espera que en 2025 se lleve a cabo una elección extraordinaria en México para renovar a ministros, magistrados y jueces. Esta decisión, cabe remarcar, se tomará en caso de aprobarse la reciente propuesta de reforma constitucional presentada por el Gobierno, la cual modifica la duración y método de elección de estos funcionarios, según informó en febrero la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
El documento de la reforma busca cambiar el artículo 95 de la Constitución mexicana para establecer que los jueces serán electos por voto directo y secreto. Este modelo reemplaza el actual, que asigna el cargo por un periodo de 15 años, reduciéndolo a 12 años.
El nuevo esquema permitiría a quienes se encuentran actualmente en funciones postularse de nuevo, lo que podría implicar cambios significativos en la conformación del Poder Judicial. Esta reforma es parte de una serie de medidas gestionadas por la actual administración para modernizar y hacer más participativo el sistema de justicia en el país.
La elección extraordinaria en 2025 está diseñada para incrementar la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros. Esta medida es interpretada como un esfuerzo del Gobierno por democratizar el sistema judicial, alineando el proceso de selección con las crecientes demandas de transparencia y responsabilidad en cargos públicos.
Si la reforma es ratificada, implicaría un cambio estructural en el funcionamiento del sistema judicial mexicano, impactando no solo la duración de los mandatos judiciales, sino también la manera en que estos representantes son elegidos. La modificación constitucional visa garantizar que el proceso sea más democrático y representativo, reflejando mejor la voluntad ciudadana.
Vía Infobae
