• Estas acciones se realizan en coordinación entre la Agencia Estatal de Investigaciones, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Vial Estatal, PABIC, Policía municipal y Centro de Control, Comando y Comunicación (C4)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y federales, tomó parte de la “Operación Pescador”, que contó con la participación de mil elementos que se desplegaron en diferentes puntos de la Central de Abastos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, intervención por la cual se redujo en 63 por ciento la incidencia delictiva en la zona, además que se realizaron acciones disuasivas, se aseguraron vehículos y se detuvieron a tres personas por halconeo.

En la “Operación Pescador” que se desplegó el viernes y sábado, 16 y 17 de mayo de 2025, participaron más de mil elementos de seguridad de diversas corporaciones como la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Policía Municipal, así como dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

Durante la acción operativa se logró asegurar seis vehículos de motor con reporte de robo, mientras se realizaban los recorridos se ingresó a los diferentes cuadros de la central, al mismo tiempo, a través del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) se realizó el monitoreo en tiempo real, así como seguimientos con drones de videovigilancia para mayor efectividad.

Gracias a la movilización, dos menores de edad fueron recuperados, por las condiciones en las que vivían quedaron a disposición de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

En tanto que una persona fue encontrada, pues al cotejar los datos se estableció que contaba con un reporte de No Localización, por lo que fue llevada ante la autoridad pertinente.

También retiraron 34 cámaras de vigilancia en circuito cerrado, las cuales habían sido instaladas de manera irregular en diferentes puntos de la Central, las cuales presumiblemente eran utilizadas para actividades como halconeo.

En tanto que, 13 personas fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público por actividades de halconeo, fraude, drogas y diversos delitos, por lo que quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Asimismo, durante las acciones de inspección y patrullajes disuasivos se realizó la concentración para la reubicación de 425 personas, de ellos, tres son extranjeros, quienes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para resolver su situación legal en el país.

Estas personas fueron concentradas bajo protocolos de Derechos Humanos para su evaluación y atención médica, en primera instancia, y posteriormente serán valorados para brindarles la asesoría legal conforme a la ley y que reciban el tipo de atención que requieran, ya sea médica, psiquiátrica o contra las adicciones.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca realiza acciones interinstitucionales que permiten implementar acciones operativas efectivas para desarticular redes delictivas, así como asegurar objetos prohibidos, especialmente en zonas consideradas como focos rojos, además que este tipo de operativos también funcionan como acciones disuasivas pues, uno de los objetivos es inhibir la comisión de delitos en la zona.

Finalmente, la “Operación Pescador” es una intervención operativa que tiene el objetivo de garantizar el orden público en la zona de la Central de Abasto, pues es esta área es el punto nodal del comercio en la entidad.

*El CEFERESO número 13, donde ahora permanecen internados, fue inaugurado en 2013 y se considera uno de los penales de más alta tecnología del país

En una acción coordinada de fuerzas federales, cuatro presuntos líderes del grupo delictivo La Barredora fueron trasladados desde el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Los reclusos fueron identificados como Henrry “N”, alias El 27; Adrián Rosario “N”, conocido como La Geisha; Francisco Javier “N”, apodado El Guasón; y Uriel “N”, alias El Pescuezo. De acuerdo con las autoridades, todos ellos son considerados generadores de violencia en Tabasco y presuntos cabecillas de La Barredora, célula criminal con influencia en municipios como Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). El traslado se llevó a cabo sin incidentes, bajo estrictas medidas de seguridad y con respeto a los derechos humanos, informaron las autoridades.

Uno de los principales objetivos de esta reubicación fue Adrián Rosario “N”, alias La Geisha, quien fue detenido el pasado 3 de abril en Cárdenas, Tabasco. Su aprehensión provocó una serie de bloqueos y actos vandálicos en la carretera Cárdenas–Villahermosa por parte de integrantes de su organización. ‘La Geisha’ se fugó de prisión en 2023 y está vinculado con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro y ataques armados contra autoridades.

Por su parte, Francisco Javier “N”, alias El Guasón, fue detenido el 27 de marzo sobre la carretera Villahermosa–Ciudad del Carmen. Exagente de la policía estatal, se le acusa de tráfico de drogas, extorsión a comerciantes y confrontaciones con grupos rivales.

El CEFERESO número 13, donde ahora permanecen internados, fue inaugurado en 2013 y se considera uno de los penales de más alta tecnología del país. No obstante, ha sido objeto de señalamientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha documentado deficiencias en la atención a las personas privadas de la libertad, especialmente en las condiciones de aislamiento y en la falta de separación entre procesados y sentenciados.

Este traslado forma parte de una estrategia federal para reforzar el control penitenciario en Tabasco y debilitar la operatividad de organizaciones delictivas que mantienen influencia en la región.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informa que, tras conocer a través de medios de comunicación los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en el Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet —donde se reportó la fuga de una persona privada de la libertad y el fallecimiento de otras dos— se inició de inmediato un Cuaderno de Antecedentes. Como parte de esta acción, se solicitó información oficial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, el 12 de mayo se recibió una queja formal presentada por familiares de servidores públicos adscritos al Cereso, quienes se encontraban retenidos por la autoridad ministerial. En atención a esta denuncia, la DDHPO comisionó un equipo multidisciplinario integrado por defensoras adjuntas, una perita médica y una psicóloga para documentar los testimonios y condiciones de estas personas.

El 13 de mayo, personal de la DDHPO acudió directamente al penal de Tanivet para entrevistar a personas privadas de la libertad en distintos módulos. Durante estas entrevistas, se obtuvo información que indica que el 8 de mayo se realizó un operativo en los módulos 11 y 12 por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

De los testimonios recabados se desprenden señalamientos que apuntan a posibles violaciones a los derechos humanos, por lo que este organismo ha abierto el expediente de queja DDHPO/0673/(24)/OAX/2025. Actualmente se continúa con la integración del mismo a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.

La Defensoría reitera su compromiso con la observancia, defensa y protección de los derechos humanos en Oaxaca, incluyendo los de las personas privadas de la libertad, quienes, a pesar de su condición jurídica, conservan plenamente sus derechos fundamentales.

• El legislador señaló que podría generarse un mercado alterno, inseguro y no auditable

Gravar las remesas que envían los mexicanos al país desde Estados Unidos es un acto discriminatorio y propagandista, que no beneficiará a los estadounidenses, pero sí generará una vulnerabilidad en los sistemas financieros de ambos países con un mercado negro que podría ser empleado por la delincuencia organizada para el lavado de dinero, advirtió el senador por Oaxaca, Antonino Morales.

El legislador oaxaqueño señaló que el partido republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó un plan fiscal con medidas para, supuestamente, obtener nuevos ingresos, entre ellas, un impuesto especial del 5 por ciento al envío de remesas a personas en el extranjero.

“Este plan es abiertamente discriminatorio y racista porque afecta a extranjeros con residencia irregular en Estados Unidos pues, además del impuesto a las remesas, les restringirá el acceso a créditos fiscales o a programas como Obamacare o Medicare”.

Reconoció que la posible reducción en el envío de remeses afectará la economía de su estado, sin embargo, confió en que la medida no prospere y, si fuera aprobada, hay la determinación del gobernador Salomón Jara para implementar medidas para aminorar el impacto en la economía familiar de las y los oaxaqueños.

El legislador recordó que, de acuerdo al reporte de abril de este año del Banco de México, en el primer bimestre de 2025, el valor de los ingresos por remesas alcanzó los 9,119 millones de dólares, cifra ligeramente mayor a la de 9,068 millones de dólares observada en igual lapso de 2024, lo que significó un alza anual de 0.6%.

De ese total, durante los primeros dos meses del año el 98.8% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al sumar 9,008 millones de dólares.

Mientras que las remesas efectuadas en efectivo y especie y las Money Orders representaron respectivamente el 0.9 y 0.3% del monto total, al exhibir niveles de 85 y 25 millones de dólares, en el mismo orden.

“Es decir, hay un manejo ordenado de los envíos de las remesas por parte de un sistema financiero formal y sano, pero ya los expertos están advirtiendo que se podría generar un mercado informal delicado por el alto nivel del flujo monetario”, expuso el legislador oaxaqueño.

El senador Antonino Morales argumentó que la acción que impulsan los republicanos es injusta porque las y los migrantes ya pagaron impuestos como cualquier trabajador estadunidense y, además, pagan comisiones por los envíos sobre el dinero que mandan a sus países, de modo que resultaría un doble gravamen.

De igual forma, según análisis del Banco Mundial, elevaría el costo y ello contraviene compromisos del Grupo de los Veinte (G-20) y las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 relacionadas con la reducción de los costos de las remesas y el fomento de la inclusión financiera.

“Pero un aspecto muy delicado para México y Estados Unidos radica en que gravar las remesas llevaría los flujos de dinero hacia canales informales sin regulación, y poco seguros con riesgos de lavado de dinero, además de posibles triangulaciones a otros países”.

Añadió que en el pasado este tipo de impuestos no dio resultado y, por ejemplo, en Gabón y Palau las recaudaciones tributarias fueron insignificantes, según datos del FMI de 2016.