Hace unos días se dio a conocer un hecho que conmocionó a los mexicanos: se encontró un rancho abandonado en Teuchitlán, Jalisco, que servía como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como un lugar en el que se asesinaba y calcinaba a personas. Dicho rancho tiene el nombre de Rancho Izaguirre.
Esto despertó las alertas de la población, y se dieron a conocer diversas situaciones preocupantes. Una de ella fue la manera en la que los sicarios reclutan personal.
El periodista Jonathan Lomelí, el pasado viernes, habló sobre el tema en su columna Ideas, titulada Hablemos del reclutamiento forzado (y voluntario).
En ella, se pregunta si bastan 8 mil pesos al mes y un mensaje en redes sociales para que un joven se enrole en una “escuela del cártel”.
Señala que los mensajes abundan en las distintas plataformas, y recuerda que en una columna publicada el pasado mes de septiembre, cuando autoridades descubrieron y aseguraron el Rancho Izaguirre, ubicó dos grupos abiertos en Facebook, con alrededor de mil 500 miembros, donde ofrecían trabajo en un grupo criminal.
Seis meses después, el periodista realizó una nueva búsqueda en otras redes sociales, como TikTok, y “poco o nada ha cambiado”.
Lomelí señala que hay dos tipos de reclutamiento: el primero se basa en engaños con promesas de empleo, como guardia de seguridad, escolta, encuestador, operador de call center y volantero.
Si la víctima es de otra entidad, señala, se le paga el traslado a alguna de las centrales de autobuses de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El periodista aseguró que el año pasado, colectivos identificaron 64 casos de jóvenes desaparecidos vistos por última vez en una terminal de transporte de la metrópoli.
“El 23 de septiembre de 2024, justo el día que publiqué la columna aludida, desapareció Diego Eduardo Sánchez Reynoso, de 19 años, visto por última vez en la Central Nueva de Tlaquepaque”.
La otra modalidad que se menciona es el reclutamiento voluntario, y señala que hay que expresarlo con toda la indeterminación y dificultad para nombrar como voluntario un acto donde un joven, generalmente sumergido en la pobreza, sin oportunidades y en un contexto de violencia, pide “jalar” a un cártel.
“Nos faltan conceptos para nombrar este acto. Hay que caracterizarlo, enraizar su verdadera naturaleza contradictoria. Aquí la academia tiene la misión (y obligación) de inventar un nuevo lenguaje”.
Se pregunta cómo sería “voluntaria” una decisión que va del abandono del Estado al sometimieto del estado de terror del narco, y asegura que hasta ahora, el discurso político ha monopolizado la designación de esta realidad.
Recordó que en la pasada administración, el exgobernador Enrique Alfaro negó el problema y lo llamó “ausencia voluntaria” cuando un joven se reclutaba en las filas del crimen.
“El caso de Kevin Ulises y su prima Janetzy ejemplifica este fenómeno. Los jóvenes fueron reclutados al parecer “voluntariamente” por el crimen. Tras su localización, la familia no volvió a hablar pese a su intenso activismo con protestas en Casa Jalisco. La Fiscalía los boletinó como un caso de éxito”, se lee.
Además, dijo que la anterior administración presumió más de 17 mil personas localizadas en le sexenio y se preguntó cuántas fueron ausencias voluntarias de este tipo a las que se les dio carpetazo.
Jonathan Lomelí concluye la columna señalando que aquí hay una línea de investigación para enunciar y medir un problema que, según registros hemerográficos, se intensificó a partir de 2020, y que hoy carecemos de estudios o aproximaciones.
Vía Infobae
