Al menos 30 niños resultaron intoxicados cuando ingirieron sus alimentos, como parte del desayuno escolar, en la escuela primaria Pedro J. Méndez, en el ejido La Libertad, en Ciudad Victoria.

El director de Protección Civil Municipal, recibió el reporte por parte del C4, en donde indicaban que había 30 menores con intoxicación alimenticia, por lo que también se alertó a los centros de salud para hacer el traslado.

Medios locales refieren que alrededor de ocho ambulancias de la Cruz Roja y de Protección Civil llevaron a los menores a diversos centros de salud, por una posible ingesta de chilaquiles en mal estado.

Las autoridades ya investigan esta situación y, hasta el momento, se reportaban cinco menores en estado delicado, mientras que los demás pasarían a valoración a un centro hospitalario.

Hasta ahora ni el director, maestros o trabajadores de la primaria se han pronunciado al respecto. Padres y madres de familia acudieron al centro educativo para verificar el estado de sus hijos y, en caso de ser necesario, llevarlos al médico.

Fuente: Excélsior

Existen elementos que obligan a ratificar la decisión de un juez federal que determinó la prisión preventiva a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario “R”, indicó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo autónomo presentó, en un comunicado, los tres elementos que se deben considerar, ante la resolución del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México de revocar la prisión preventiva en contra de la funcionaria y ordenar la reposición del procedimiento.

En primer lugar, la FGR indicó que “el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada”.

Agregó que cuando ese imputado ha declarado en falso ante el juez que ha habitado los últimos 22 años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas, que calificó de irrefutables, se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de fuga y la necesidad de la medida cautelar es justificada y obligatoria por ministerio de ley.

Por último, la FGR argumentó que si, en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales “que han agraviado a la población más necesitada de esta nación” es de 21 años, también se hace necesaria la prisión preventiva.

“Todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación”, indicó la FGR en su comunicado.

El organismo autónomo acusó que los abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social, han declarado falsamente y de manera constante ante los medios, con descalificaciones dolosas de los documentos legales; ratificando también las declaraciones falsas de la imputada.

Fuente: Excélsior