En larga espera de doce años, hoy se tomó en San Lázaro una relevante decisión en materia de salud pública, por la cual se combate los nada honoríficos primer lugar mundial de México en obesidad infantil y segundo lugar en población adulta. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud que impone a todos los alimentos chatarra y bebidas con altos niveles calóricos, el etiquetado frontal de advertencia en esos productos.
El proceso vivió sus asegunes y una paradoja. En el contexto de que se reconoció la presión de la industria procesadora y la mayoría de la bancada de Morena se pronunció por respaldar la reforma, el ex perredista y ahora morenista, Rubén Terán pretendió colocarle un dique, para que el etiquetado entre en vigor un año después, con el argumento de que las secretarías de Salud y Economía requieren de un año para elaborar las normas oficiales mexicanas en materia de etiquetado.
Por improcedente y fuera de lugar el pleno echo abajo esa proposición, y una vez resuelto el escollo en que se constituyó la propuesta de reserva de Rubén Terán, con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, y ante el embate político y mediático de las empresas dedicadas al procesamiento de alimentos elaborados con elevados grados de azúcar, sal y grasas poliinsaturadas (grasas saturadas) y calorías, se aprobó en lo general y lo particular con 445 votos a favor y tres abstenciones de diputadas del PAN.
Las empresas refresqueras, productoras de galletas, de pan, de papas fritas que a lo largo de décadas se constituyeron en emporios alimenticios sin que mediara norma alguna para alertar a los consumidores de los riesgos, intentaron echar abajo la nueva reforma. En los últimos meses, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dedicaron un amplio cabildeo con diputados y senadores, para frenar el proyecto de decreto que entonces se elaboraba en la Comisión de Salud en San Lázaro.
Incluso, ese poderoso consejo empresarial, consiguió que la Secretaría de Gobernación convocara, en el palacio de Covián, a un encuentro con los legisladores involucrados en el tema, el cual no fructificó a su favor, y el contenido del documento se mantuvo en sus términos: se aplicará el etiquetado en todos esos productos dañinos a la salud de millones de niños, jóvenes y adultos.
Hoy, los diputados se enfocaron en tres líneas sustantivas, tendientes a proteger la salud de los habitantes del país, pues esos avisos permitirán a cualquier persona, evaluar si la cantidad de un nutrimento crítico es alto o bajo, sin la necesidad de ser experto en alimentación; comparar el contenido de un nutrimento crítico entre productos similares o entre diferentes tipos de producto; y decidir si consumir un producto es saludable o no.
Este medio día en el pleno de la Cámara de Diputados, se presentaron representantes de organizaciones civiles dedicadas a combatir la crisis alimentaria y la emergencia que por obesidad afecta con padecimientos como diabetes y enfermedades cardiacas a niñas y niños. Y todos los partidos respaldaron una reforma, con la que el Congreso Federal quedó a deber al a sociedad, desde décadas.
Así, una de las reformas más urgentes se presentó y aprobó en sus términos. En ella se matiza, como norma de ley, establecer acciones que promuevan una alimentación nutritiva y la actividad física:
“Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán considerar las necesidades nutricionales de la población. Por lo que, propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población; y evitar otros elementos que representen un riesgo potencial para la salud”, reza el texto en su artículo 114.
Así el etiquetado deberá –por obligación de las empresas-, establecer las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos evitando los altos contenidos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Tratándose de harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrimentos y las cantidades que deberán incluirse.
Los productores de alimentos chatarra y bebidas azucaradas tendrán que cumplir con lo siguiente: “el etiquetado frontal de advertencia deberá hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental, para indicar los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas competentes”.
Así, sin que nadie se atreviera a controvertir la reforma, los diputados de Morena, se sumaron a la moda de colocarse una camiseta blanca con la leyenda: etiquetado claro ya. Estoy del lado de la salud…
Por su parte, Rubén Moreira, diputado del PRI, expuso que con la reforma se pone freno al marketing que tanto daño ha causado al pueblo de México: “la perversidad se concreta cuando los productos se ofrecen al consumidor, ocultando sus efectos nocivos; los carbohidratos y el azúcar son un notable adictivo. El productor de papa vende el kilo a diez pesos, y el empresario gana una proporción de tres mil por ciento. Agradezco a la Comisión de Salud, es esfuerzo y que enfrento a la presión de los empresarios. No es suficiente lo que aprobamos, pero es un gran paso”.
Quien no dejó pasar el hecho, de nueva cuenta fue el petista, Gerardo Fernández, quien aduciendo qué si Enrique Peña Nieto no leía, pues la población no lo hace a la hora de consumir la chatarra: “No comparto la alegría. Nos reíamos de que EPN no ha leído un libro en su vida, pero el pueblo no está mejor. No se leen las etiquetas de lo que se come. El etiquetado que se plantea es un paso, pero es insuficiente. La obesidad es generada por la fructuosa que se usa en lugar del azúcar para endulzar”.
También el panista, Marco Antonio Adame, dijo que como médico y como ex gobernador de Morelos, productor cañedo, expuso que le preocupa el carácter fáctico del debate. “El tema es un tema de educación, el etiquetado no será la solución mágica per se, si bien hay recomendaciones de organizaciones internacionales, no hay evidencia empírica”, de que los alimentos chatarrra dañen a la salud. Adame, a quien se asocia con la producción de azúcar, puso sobre la mesa que se aplazara la votación para escuchar a los productores de azúcar, al igual que el petista Francisco Favela.
Fuente: La Jornada
