La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 11/2025, dirigida a la Fiscalía General del Estado, tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos en agravio de cinco integrantes de una familia.

Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2025, durante un operativo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes ingresaron de forma violenta al domicilio familiar, emplearon uso indebido de la fuerza, retuvieron ilegalmente a las víctimas —entre ellas personas mayores— y atentaron contra la libertad de expresión de un integrante de la familia, periodista, quien documentaba el operativo mediante una transmisión en vivo.

Con base en la evidencia recabada a través de material audiovisual, valoraciones médicas, psicológicas y testimonios, la Defensoría acreditó las siguientes violaciones: inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal, uso indebido de la fuerza pública, retención ilegal, violaciones a derechos de personas mayores y restricción a la libertad de expresión.

Por lo anterior, la DDHPO solicita a la Fiscalía General del Estado la reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo una compensación justa, inscripción de las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas, así como un seguimiento y correcta integración de la carpeta de investigación.

También, este organismo autónomo solicita la Implementación de un curso integral en derechos humanos para agentes de la AEI y del Ministerio Público, con énfasis en uso de la fuerza, derechos de personas mayores y periodistas, además de instruir que todo el personal de la FGEO garantice el respeto y no obstaculización a la libertad de expresión, así como realización de una disculpa pública, reconociendo las violaciones acreditadas y el reconocimiento de sus responsabilidades.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reitera que estas acciones no buscan desacreditar instituciones, sino fortalecer un estado democrático de derecho, en el que la dignidad y los derechos humanos sean plenamente garantizados.

El senador Antonino Morales Toledo destacó los resultados de la elección y afirmó que, con el respaldo de 13 millones de votantes, el Poder Judicial recuperará la fuerza y legitimidad que perdió cuando el Ejecutivo federal designaba a las y los ministros, y el Senado avalaba esas decisiones, incluso cuando los perfiles eran impugnables.

Informó que Oaxaca estuvo por encima de la media nacional de votación y obtuvo más del 15% de electores en las urnas este domingo, con regiones como el Istmo donde se alcanzó casi el 20%.

“Nos llena de orgullo que Oaxaca se haya consolidado como uno de los estados con mayor participación en esta elección histórica, que renueva la esperanza de un Poder Judicial verdaderamente autónomo y comprometido con la justicia, como lo soñó nuestro prócer, Don Benito Juárez. Además, es un honor que un oaxaqueño de origen indígena, como Hugo Aguilar, nos represente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó el legislador.

El senador zapoteco recordó que, en el pasado, el PRI y el PAN impusieron ministros a modo, dando lugar a figuras polémicas como el ex procurador priista Eduardo Medina Mora, quien renunció a la Corte ante acusaciones de recibir depósitos millonarios sospechosos en el extranjero y de usar su cargo para desbloquear cuentas de abogados ligados al priismo bajo investigación.

Señaló que, en aquel entonces, el Senado recibió más de 50 mil firmas de juristas que rechazaban el nombramiento, argumentando que la Cámara priorizaba intereses políticos sobre la trayectoria y la experiencia de los candidatos.

“Este caso demostró cómo el dedazo imponía ministros, ignorando la voluntad ciudadana. Nadie en el PRI cuestionó aquel nombramiento, pero hoy se indignan porque 13 millones de mexicanos han decidido el futuro del Poder Judicial. ¡Carecen de vergüenza y memoria histórica!”, denunció Morales Toledo.

Además, criticó la actitud de ministros en funciones como Norma Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes viajaron al extranjero para cuestionar esta reforma constitucional, pese a haber jurado respetar el marco legal. Ambos fueron propuestos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Gutiérrez Ortiz Mena pasó de recaudador a ministro sin carrera judicial previa. Trabajó en bufetes estadounidenses como Case & White, donde ayudó a Banamex a evitar pagar 3,500 millones de dólares al erario por la venta de acciones a Citigroup. En 2019, esta acción se documentó en el Senado. Actualmente, se le acusa de intentar que la Corte ordene ilegalmente al gobierno devolver impuestos más intereses a tres grandes contribuyentes”, recordó el morenista.

Subrayó que, para garantizar que la nueva Corte responda al mandato popular, el Tribunal de Disciplina Judicial deberá investigar posibles responsabilidades administrativas de los últimos ministros designados por dedazo.

Finalmente, indicó que el Senado está listo para recibir, en un periodo extraordinario, el paquete de iniciativas que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyendo las leyes secundarias para reglamentar la reforma judicial.