**El organismo estatal acreditó que Diego Ignacio Paz, fue asesinado por la espalda y que los agentes involucrados actuaron sin certificación ni control, mientras el ayuntamiento ha sido totalmente omiso
Redacción
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el asesinato del joven universitario Diego Ignacio Paz, a manos de policías municipales de Santa Lucía del Camino, constituye una ejecución extrajudicial, perpetrada durante un operativo de alcoholímetro implementado por el presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, el pasado 30 de agosto de 2024.
El dictamen pericial descartó por completo que el estudiante de la Universidad Anáhuac estuviera bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, como había difundido el propio gobierno municipal en comunicados oficiales y entrevistas.
La DDHPO documentó que, además de manipular la información pública sobre el caso, las autoridades municipales no han iniciado procedimiento alguno de responsabilidad administrativa contra los elementos policiacos implicados, ni contra los mandos que autorizaron el operativo.
Según la investigación, la noche de los hechos Diego Ignacio y otro joven se desplazaban en un vehículo cuando fueron detenidos por policías municipales en un retén. Los uniformados se comportaron de manera agresiva, por lo que los jóvenes decidieron evadir el punto y continuar a pie. Pocos minutos después, Diego fue abatido con dos disparos por la espalda, mientras que su acompañante fue golpeado y torturado tras caer del techo de una vivienda al intentar huir.
“Nos metimos a Mártires de Tacubaya temiendo por nuestras vidas de que los oficiales estaban muy agresivos, avanzamos mucho sobre la calle hasta que llegamos a la Plazuela de las Tres Cruces, que es donde hay árboles, porque empieza el Parque de las Canteras, por ahí dejamos el vehículo, sobre la calle empedrada, nos bajamos y Diego le puso seguro a su coche y corrimos porque vimos que venían los policías (…). Salí de donde estaba para buscar a Diego, pero ya no lo vi.
“Cuando iba bajando la calle, vi que venían unos policías, entonces corrí de nuevo, bajé unos escalones hacia donde está el techo del teatro al aire libre, en ese momento escuché varios disparos, como seis más o menos, entonces me dio miedo y corrí por encima del techo que es como de plástico gris medio transparente, al llegar a la orilla me frené porque ya no había para donde correr y me alcanzó un policía, me empezó a pegar y comencé a forcejear con él para zafarme porque tenía miedo por los disparos que se escucharon; se rompió el techo y caímos, no sé cuántos metros, pero estaba muy alto, estando ahí abajo me empecé a quejar del dolor y llegaron varios policías y me rodearon, después llegaron unos paramédicos, pero no me llevaron en la ambulancia”, narró el joven sobreviviente.
La autopsia confirmó que Diego Ignacio Paz recibió dos disparos por la espalda, a la altura de la cadera, y que fue pateado y torturado pese a encontrarse herido de gravedad. La DDHPO subrayó que los agentes involucrados no contaban con certificación ni capacitación, por lo que no debieron participar en el operativo ni portar armas de fuego.
“El Ayuntamiento fue omiso en proporcionar un listado de las personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos, ni remitió el informe de todos los superiores y cadena de mando responsables de la planificación y ejecución del operativo de los días 30 y 31 de agosto de 2024 y quienes de manera remota o en el lugar de los hechos supervisaran o realizaran alguna función de mando o control de los elementos policiales que participaron en la persecución y uso de la fuerza en agravio de VD1”.
Con base en los hallazgos, la Defensoría determinó que se trató de una violación grave a los derechos humanos y una ejecución extrajudicial, atribuible al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, que hasta ahora mantiene la impunidad de los policías responsables.
