La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que fue constitucional la extinción de más de 100 fideicomisos federales propuesta en 2020 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para utilizar esos recursos para atender los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Este lunes, los ministros de la Suprema Corte aprobaron por unanimidad ocho proyectos elaborados por el ministro Arístides Guerrero García que propusieron la validez de la extinción de los fideicomisos.

Al respaldar esas propuestas, la Suprema Corte reconoció la validez del decreto publicado en noviembre de 2020 al considerar que los estados que promovieron las acciones de inconstitucionalidad no son afectados por la desaparición de dichos fondos.

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, gobernados en 2020 por la oposición, impugnaron el decreto que extinguió los fideicomisos destinados a ciencia, cultura, deporte, atención a víctimas, cambio climático, entre otros.

“Las demandas plantearon argumentos genéricos sobre lo que consideraron bondades de los fondos y fideicomisos, pero no pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida en la Constitución”, señaló el ministro ponente.

En total, se estima que los recursos de dichos fondos que fueron concentrados en la Tesorería de la Federación superaban los 68 mil millones de pesos.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra de eliminar el fideicomiso de atención a víctimas.

Activistas y colectivos feministas exigieron reforzar el combate al matrimonio infantil o la cohabitación forzada, así como la violencia sexual contra menores de edad, tras el caso de Daysi, una niña de 10 años que dio a luz en Chiapas, cuya pareja es un hombre de entre 17 y 18 años.

Una de ellas es la activista Eufrosina Cruz, quien afirmó que el “matrimonio infantil o cohabitación forzada” es violencia, si importar que en algunas comunidades aún sea una práctica protegida por las leyes de usos y costumbres.

En su cuenta de Instagram, la activista aseguró que “la tradición no está por encima de la dignidad”, ni “por encima de los derechos humanos”.

En este sentido, acusó que el solo prohibir la práctica “no basta”, pues es necesario tipificarla como un delito y establecer sanciones claras en todos los estados del país.

“No importa cómo lo nombren: es violencia. Ningún uso ni costumbre puede seguir justificando el abuso al cuerpo de las niñas. La tradición no está por encima de la dignidad, ni la cultura por encima de los derechos humanos. Pero hay que decirlo con claridad: la prohibición no basta.

“Cuando una práctica está prohibida pero no sancionada, no se erradica; se tolera. Y cuando el Estado prohíbe pero no castiga, no protege: es cómplice por omisión. Desde la Fundación Eufrosina, lo hemos exigido todos los días: el matrimonio infantil y la cohabitación forzada deben estar tipificados como delitos, con sanciones claras, en cada Código Penal estatal”, escribió en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, Cruz señaló que hasta el momento solo cinco de los 32 estados del país han armonizado su ley entorno al matrimonio infantil, lo que permite que las niñas continúen siendo obligadas a vivir con hombres adultos y a ser madres a corta edad

“Hoy, solo 5 de 32 estados han armonizado su ley; faltan 27. Mientras no exista sanción en todo el país, historias como la de Deysi seguirán repitiéndose todos los días en este país: niñas obligadas a convivir con hombres adultos, infancias truncadas y cuerpos marcados por una violencia que el sistema decidió permitir. Las niñas son niñas. No esposas. No madres”, concluyó .

Por su parte, el colectivo Marías Aborteras Mxsostuvo que el caso de Daysi no es un hecho aislado, sino una expresión de violencia sexual y tortura institucional.

“Daisy es una niña, no una madre. Con 10 años fue llevada al hostal de la Mujer para parir por un hombre de al menos 18 años que presume ser su “Esposo” cosa que es imposible pues viola todos los derechos de las niñas y adolescentes, en éste caso de Deysi.

“Lo que le ocurrió en San Cristóbal de las Casas no es un hecho aislado: es violencia sexual y es tortura institucional. La violencia sexual contra las niñas no puede existir en ninguna circunstancia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, consideró que forzar a una menor a continuar un embarazo constituye una forma extrema de violencia.

La organización exigió que se sancione y tipifique el matrimonio infantil y la cohabitación forzada en todos los códigos penales estatales para evitar que más niñas sean obligadas a convivir con adultos y se vean expuestas a daños físicos y psicológicos.

“Las niñas no gestan. Las niñas no paren. Las niñas no tienen esposo. Forzarlas a continuar un embarazo es una forma extrema de violencia que el Estado no puede permitir ni justificar.

“Proteger a las niñas es una obligación, no una opinión. Ahora ella tiene daños críticos por la violencia sistemática que día a día enfrentamos las niñas, adolescentes y mujeres. Sí naciéramos menstruando las madres no podrían ni hablar”, agregó.

Infobae