Redacción

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, está en una crisis donde la delincuencia organizada está dentro de las mismas instalaciones y donde el personal hace los negocios que quiere, mientras el titular se dedica a otros temas, lejos del estado.

Más de ocho meses de viacrucis ha pasado una familia proveniente de Puebla, que el pasado mes de abril estuvo en la capital oaxaqueña de vacaciones, pero se topó con un grupo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes, como viles ladrones, los despojaron del auto en el que viajaban, argumentando que tenía reporte de robo.

Amedrentando con detenciones si no “cooperaban” con un supuesto operativo para recuperación de autos robados, los elementos de la AEI, plenamente identificados, se llevaron el Nissan Sentra 2021, versión Advance, propiedad de Moisés Martínez Aguilar, sin comprobarle que efectivamente en el Registro Público Vehicular (Repuve), existía una denuncia de robo.

“Tras llegar a casa de familiares en el Centro de la capital, acudimos a comprar al supermercado ubicado en Periférico, donde me aborda una persona que se identificó como personal de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), para solicitarme que entregara el auto porque era robado, quien me dijo que minutos más tarde me buscarían agentes de la AEI, para llevarse la unidad”.

Martínez Aguilar explica que, ante el miedo infundado, dejó que los agentes se llevaran la unidad, misma que fue robada en contubernio con una unidad de Grúas Gale, misma que se lo llevó al corralón ubicado en Río Salado, donde permaneció algunos días sin documentación que acreditara su ingreso y posteriormente fue recuperado por los mismos agentes.

“Con papeles que acreditaban la propiedad de mi auto fui a intentar poner una denuncia en la Agencia del Ministerio Público de Arista, donde no quisieron levantarla señalando que tenía que ser en Puebla, pese a que el delito se había cometido aquí, con elementos de la Fiscalía oaxaqueña”.

Sostiene que familiares y amigos le recomendaron que acudiera directamente a las oficinas de la FGEO a denunciar los hechos, situación que resultó peor, pues nadie supo darle razones de su auto, ni de los agentes que se lo llevaron, pese a que mostró videos de cuando se llevaron su unidad.

 Fue con Rosangel Gómez Rojas, titular de la Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículos, con quien intentaron dialogar y quien se deslindó de los hechos al argumentar que el auto nunca se puso a disposición de la Fiscalía, tratando de encubrir a los elementos corruptos e intentando cansar a la familia para que desistieran de la denuncia.

Encubriendo a personal de la AEI, señalado en reiteradas ocasiones por actos de corrupción, el mismo fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla se negó a recibir la denuncia de los afectados, permitiendo con ello los actos delictivos que realiza el personal a su cargo.

Finalmente, Martínez Aguilar sostiene que existen un sinnúmero de irregularidades en este caso y que tras ocho meses de solicitar la devolución de su auto, el cual de manera “milagrosa” apareció nuevamente en el corralón de la Fiscalía donde no estuvo durante varios meses, hasta el momento no existe una carpeta de investigación, ni el coche ha sido puesto a disposición para poder recuperarlo.

“A estas alturas ya no quiero el coche, está deteriorado, desvalijado y no sabemos si habrían cometido algún delito con él mientras estuvo desaparecido, ahora exijo a la FGEO que me pague los daños, no solo del coche, sino los gastos generados por ir y venir de Puebla, así como los gastos de los abogados que nos apoyaron para poder defendernos ante esta arbitrariedad”.

 El caso de la familia Martínez Aguilar no es el único caso de personas que son asaltadas por este grupo de elementos de la AEI, quienes son protegidos por ministerios públicos, por funcionarios de la Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículos y por el mismo titular de la Fiscalía oaxaqueña.