AP.- El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dirige su atención directamente a las fuentes financieras de los cárteles de drogas de México, enfocándose en intermediarios que, según los fiscales, se han adaptado a la intensificación de la aplicación de la ley al canalizar cada vez más las ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia los líderes de los cárteles en México.
Los casos de cuatro acusados enviados recientemente de México a Estados Unidos para ser procesados ofrecen un vistazo a las oscuras redes de lavado de dinero que permiten que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos violentos sigan introduciendo drogas peligrosas en las comunidades estadounidenses. Los enjuiciamientos subrayan los esfuerzos del Departamento de Justicia para aumentar la presión sobre los cárteles y adelantarse a sus sofisticadas tácticas, que evolucionan constantemente, para lavar dinero a través de la frontera sin ser detectados.
Al centrarse en los presuntos intermediarios financieros en lugar de los traficantes callejeros, los fiscales afirman que apuntan a un elemento crítico que consideran esencial para que los cárteles mantengan sus operaciones a medida que aumenta la presión de las fuerzas del orden sobre las rutas de drogas más visibles.
“Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer”, dijo en entrevista con The Associated Press A. Tysen Duva, el fiscal general adjunto a cargo de la división penal del DOJ.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano ha entregado a más de 90 acusados de alto nivel vinculados con los cárteles en tres transferencias que ahora están en el centro de un debate legal en México. Los acusados eran buscados por fiscales estadounidenses por delitos que incluyen tráfico de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero.
Altos funcionarios del Departamento dicen que el traslado de figuras de los cárteles a Estados Unidos tiene como objetivo hacer más que enviar un mensaje disuasorio.
También podría lograr que se presenten acusaciones contra otros líderes de alto nivel si los acusados cooperan, lo que permitiría que los fiscales lleguen a niveles más altos en el liderazgo del cártel.
En la administración republicana de Trump, el DOJ ha reestructurado la División Criminal para integrar a los fiscales de narcóticos con expertos en lavado de dinero para apuntar mejor a los cárteles y reflejar un cambio más amplio hacia el objetivo de los sistemas financieros que sostienen sus operaciones.
Entre los acusados transferidos recientemente a Estados Unidos hay presuntos intermediarios financieros residentes en México, quienes, según las autoridades, supervisan el movimiento de las ganancias del narcotráfico y se quedan con un porcentaje del dinero que regresa a los cárteles como comisión, según documentos judiciales. Los intermediarios organizan la recogida de efectivo en ciudades de todo Washington y ocultan el dinero para lograr que cruce la frontera, a menudo a través de activos digitales, ya que las fuerzas del orden han cortado otros métodos.
Los fiscales “quieren saber cómo funciona el lado de la distribución, quién está involucrado, y buscar acusaciones adicionales, y en el lado del lavado de dinero, cuáles son exactamente los métodos que utilizan para sacar el dinero de Estados Unidos a través de los bancos estadounidenses”, expresó Duva. “Hay contrabando de dinero en efectivo a granel que ha ocurrido desde el principio de los tiempos, y también está la nueva tendencia de tomar el efectivo, comprar criptomonedas y luego comerciar con ellas”.
Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco enfrentan cargos de conspiración para lavar dinero en acusaciones presentadas ante el tribunal federal de Kentucky.
La transferencia de 37 acusados entre ambos países, efectuada en enero, fue la tercera de su tipo bajo el segundo mandato de Trump. Diversos observadores han descrito esas transferencias como una ofrenda de las autoridades mexicanas para contrarrestar las crecientes amenazas de Trump de emprender acciones militares contra los cárteles.
Un grupo de abogados y familiares de figuras de los cárteles han acusado a México de violar la ley al enviarlos sin una orden de extradición. El gobierno mexicano ha sostenido que las transferencias fueron legales, llevadas a cabo en nombre de la seguridad nacional.
