Buenos Aires. Entre las medidas duras que comenzó a aplicar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por orden del presidente Mauricio Macri se aumentará la cifra de extranjeros que serán expulsados del país por cometer supuestos delitos, mientras la justicia “amiga” desestimó un recurso de amparo de un organismo humanitario contra el protocolo oficial de uso de armas de fuego en la represión de delitos, que significan la impunidad en la actuación policial, y convalida el “gatillo fácil, que tantas vidas se cobra en las zonas más pobres.
El juzgado federal de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires a cargo del juez Héctor Pedro Plou rechazó un recurso de amparo presentado por la Asociación “Linqueños por los Derechos Humanos” contra ese protocolo y reafirmó la “constitucionalidad” de esta medida -contra la opinión de importantes juristas locales que también preparan otros amparos- e incluso decidió imponer el pago de los costos a los que pidieron el amparo.
En el caso de los inmigrantes la ministra Bullrich habría faltado a la verdad cuando sostuvo en noviembre pasado que el 20 por ciento de los presos en Argentina son extranjeros, ni ninguna precisión en este caso, lo que fue negado por especialistas en temas penitenciarios que estiman que de las 85 mil 283 personas detenidas en cárceles de las provincias, sólo cinco mil 108 son de otras nacionalidades, lo que significa menos de seis por ciento.
Si se suman estos números de la provincias a los 13 mil 392 del Servicio Penal Federal, serían un total de 98 mil 675 detenidos en Argentina de los cuales sólo ocho por ciento son extranjeros, es decir alrededor de siete mil. Estas cifras tienen en cuenta a las personas detenidas sin sentencia, como señala el portal El Destape en su investigación donde advierte que Bullrich “miente deliberadamente”. Son 46 mil 196 los presos están no tienen sentencia y entre eso hay un alto número de extranjeros que como el resto de los que están en esas condiciones no deberían estar detenidos.
De acuerdo a las nuevas medidas de seguridad que está tomando el gobierno, lo que –como citan varios medios locales- sucede después de la asunción del ex capitán Jair Bolsonaro en Brasil el 1 de enero pasado, Macri estaría endureciendo esta política, considerando “los buenos resultados” que el tema de la inseguridad le ha dado al actual presidente brasileño.
Esto lo llevó a agilizar la expulsión de extranjeros que presuntamente cometieron delitos o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que prepara una lista de mil que sería sacados a corto plazo del país. Para esto se creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros, todo esto antes de las elecciones de octubre de este año.
Denuncias en investigaciones televisivas demostraron la cantidad de personas e incluso familias de barrios pobres a las que los policías han plantado drogas, esto podría muy bien ser usado por efectivos policiales, ya experimentados en hacer aparecer “estupefacientes” tanto en bolsillos de quien quieran acusar, como en allanamientos en casas de familias.
En una de las causas más escandalosa policía llevaron detenida acusada de “fraccionar” drogas, es decir hacer los paquetitos a una señora afectada seriamente por Parkinson cuyo cuerpo y manos tiemblan permanentemente y fue mantenida durante cuatro meses en una cárcel violando los derechos humanos de la misma, por sus condiciones.
Esto-como se usa en otros países-podría ser utilizado contra los inmigrantes, como antes se les acusaba injustamente de robar o se les “plantaban” libros “marxistas” en los tiempos de la guerra fría o “cartas subversivas” como sucedió durante las dictaduras.
El programa que se proponen aplicar también llevaría a la creación de una Cámara especial para acelerar los trámites, lo que sería enviado al Congreso, según el periódico Clarín la Ministra explicó que para expulsar a un extranjero hay que realizar un proceso muy largo y esta Cámara especial podría acelerar mucho el procedimiento.
En noviembre pasado el director de Migraciones Horacio García, había sugerido modificar la legislación sobre el “sistema de expulsión” de ciudadanos de otros países que “transgreden” las normas locales y en este sentido mencionó que se podrían “reubicar” a los que llegaron en los últimos años. También se crearon las cárceles para inmigrantes, lo cual es rechazado en un país al que llegaron millones de extranjeros, después de las guerras primera y segunda Mundial.
El presidente, desde que era jefe de gobierno de la ciudad (2007-2015) intentó endurecer las medidas de seguridad y desde entonces intentó comprar pistolas Taser y compró una cantidad de armas para reprimir conflictos internos, pero también se refirió al tema de la inmigración con términos considerados discriminatorios y racistas.
Fuente: La Jornada
