Redacción
Una resolución emitida por un juez federal permitió la liberación de Gustavo Díaz Sánchez, exdiputado local conocido como “El Gato”, quien permanecía recluido desde 2021 y a quien diversas investigaciones han señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Tenía sentencia de 105 años.
La salida del exlegislador se concretó este martes, cuando abandonó el penal de San Francisco Tanivet, luego de que autoridades estatales cumplieran el mandato judicial que ordenó su inmediata liberación mediante la concesión de un amparo.
Díaz Sánchez fue detenido el 4 de noviembre de 2021 en Veracruz, tras intentar intervenir en la detención de su hijo por parte de la Fuerza Civil. A partir de ese episodio, se le fincaron múltiples procesos penales por delitos considerados de alto impacto, entre ellos homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada, extorsión y delitos contra la salud, con operación principalmente en municipios de Oaxaca y Veracruz.
Durante su proceso, fue trasladado a distintos centros penitenciarios del país, incluyendo cárceles ubicadas en Veracruz, Michoacán, Sonora y Oaxaca, debido a su perfil y al riesgo que representaba. Autoridades lo señalaron como presunto operador de grupos delictivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En 2023, un tribunal lo condenó a 70 años de prisión por el asesinato de Juan Carlos H. M. y Francisca M. V., ocurrido en julio de 2021 en el municipio de Cosolapa. Sin embargo, en febrero de 2024 obtuvo una resolución absolutoria en uno de los expedientes judiciales que enfrentaba.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca promovió una nueva causa penal relacionada con el expediente 286/2021, en la que se le volvió a imputar la responsabilidad por los mismos homicidios, lo que derivó en una sentencia de 105 años de prisión y el pago de una reparación del daño superior a los 896 mil pesos.
Pese a estas resoluciones, la defensa legal logró que un juez federal concediera el amparo que derivó en su liberación, poniendo fin a más de cuatro años de reclusión y reabriendo el debate sobre el alcance de las resoluciones judiciales en casos de alto impacto.
