El sector privado cerró filas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al afirmar que elevará el costo de suministrar la energía en 63 mil millones de pesos al año, además de un efecto inflacionario, daño a la inversión ante la falta de certeza jurídica, y desataría una ola de amparos y litigios internacionales, señalaron organismos empresariales en conferencia conjunta.
“Se traduce en un costo adicional de 63 mil millones de pesos anuales, ¿Quién lo va a pagar? No sabemos, esa decisión la toma el Estado, los puede pagar a través de subsidios o a través de mayores tarifas a los agentes económicos, y si los agentes económicos reciben electricidad más cara, tendrán que trasladarlo a los precios al consumidor”, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
De acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), el 75 por ciento del consumo eléctrico en México se da por las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes; y el 25 por ciento por los hogares, por lo que cuando el gobierno habla de que mantendrá las tarifas eléctricas, la preocupación del sector privado es que sea parejo.
“Esperamos que se hable de mantenerlas para todos los consumidores en el país. Si se va a sostener el valor de las tarifas se deberán sostener del cien por ciento. Todos debemos de tener una tarifa eléctrica mejor”, advirtió Salazar.
Pegaría en tiendas y alimentos
En el campo mexicano, para la producción de alimentos, el costo de la energía es un elemento fundamental y en muchos casos es el factor de rentabilidad y competitividad, dijo Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
“Nos preocupa que las tarifas se puedan elevar y por ende, los costos o los subsidios que cada vez son más escasos, dejen de existir y encarece de manera importante el uso de este energético”, indicó el directivo, además de que “es una señal de desaliento para futuras inversiones extranjeras”.
Para los establecimientos comerciales, la energía eléctrica es el segundo en costos después de la mano de obra, señaló Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
“Si se decide que el aumento del costo se pague por las empresas, se va a ir directamente al precio e inflación y sabemos que el resultado no es bueno”, dijo.
Por su parte, la industria de servicios, que representaba antes de la pandemia el 65 por ciento del PIB y proporcionaba 6 de cada 10 empleos, se ha visto fuertemente golpeado al no considerarlo como actividad esencial, por lo que se debe trabajar juntos en su recuperación, resaltó Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México.
“La estrategia debe ser no crear incertidumbre, la certeza es el factor principal que buscan los inversionistas”, apuntó.
Piden certeza jurídica
Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), expuso que una vez que la industria aseguradora es el tercer inversionista institucional más importante de México con más de 1.3 billones de pesos en inversiones, es necesario que sea considerada.
“El clima de certeza jurídica es sumamente importante y más del 50 por ciento del capital de las compañías de seguro es capital extranjero y todos estos mensajes se suman a las decisiones de invertir entre una economía y otra”, señaló.
Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), dijo que “el gran perdedor de este proceso es el empleo, al sufrir las Mipymes incrementos en los costos de sus insumos podrán generar menos empleos y crecer menos la economía del país. Hoy por hoy las Mipymes están sufriendo”.
Vía El Financiero
