Para garantizar que personas perpetradoras de violencia contra las mujeres queden fuera de las contiendas electorales, y quienes sí participen den garantía de transparencia y compromiso social, el Congreso local analiza una serie de reformas secundarias y Constitucional.
En primera instancia se estudian reformas y adiciones a los artículos 34, 68 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para establecer de manera expresa que las y los aspirantes a una candidatura, ya sea para la gubernatura, para una diputación local, o bien para integrar un ayuntamiento, deberán no tener antecedentes de haber ejercido violencia.
La redacción propuesta establece que, para ocupar estos cargos públicos no deberán haber sido condenadas o condenados por delitos de violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
De igual forma, que no estén inscritos o tengan registro vigente como deudor alimentario que atente contra estas obligaciones, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele la totalidad de la deuda.
Asimismo, se propone una adición al Artículo 21 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, para que las y los aspirantes a puestos de elección popular presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, como demostración de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público.
Las propuestas son impulsadas por la diputada, Aleida Tonelly Serrano Rosado, y fueron turnadas por la Mesa Directiva a las comisiones permanentes para su estudio y posterior dictamen.
