Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos pusieron en duda este miércoles la legalidad de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump en un caso con implicaciones para la economía mundial que supone una prueba importante de los poderes del mandatario.
Tanto los magistrados conservadores como los liberales cuestionaron duramente al abogado que representaba a la administración Trump sobre si una ley de 1977 destinada a ser utilizada durante emergencias nacionales le otorgaba al mandatario el poder que alegaba para imponer aranceles o si el republicano había invadido las facultades del Congreso.
Sin embargo, algunos magistrados conservadores también destacaron la autoridad inherente de los presidentes en sus relaciones con países extranjeros, lo que sugiere que el fallo del tribunal podría estar muy dividido. El tribunal cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3.
Los argumentos, que duraron más de dos horas y media, se presentaron en las apelaciones del gobierno después de que tribunales inferiores dictaminaran que el uso sin precedentes que hizo Trump de la ley en cuestión para imponer los aranceles excedía su autoridad. Empresas afectadas por los aranceles y doce estados de Estados Unidos, la mayoría gobernados por demócratas, impugnaron los aranceles.
Potencia esencial
El presidente conservador del Tribunal Supremo, John Roberts, le dijo al procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, quien argumentaba en nombre del gobierno, que los aranceles son “la imposición de impuestos a los estadounidenses, y ese siempre ha sido el poder fundamental del Congreso”.
Los aranceles, impuestos sobre los productos importados, podrían generar billones de dólares en ingresos para Estados Unidos durante la próxima década. La Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de imponer impuestos y aranceles.
Roberts sugirió que el tribunal podría aplicar su doctrina de las “cuestiones principales”, que exige que las acciones del poder ejecutivo de gran trascendencia económica y política sean claramente autorizadas por el Congreso.
“La justificación se está utilizando para tener el poder de imponer aranceles a cualquier producto, de cualquier país, en cualquier cantidad y durante cualquier período de tiempo. No estoy sugiriendo que no exista, pero parece que se trata de una autoridad importante, y la base de esa afirmación parece ser inadecuada”, dijo Roberts.
La Corte Suprema aplicó la doctrina de las “cuestiones fundamentales” para invalidar políticas clave del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden.
Trump ha ejercido una fuerte presión sobre la Corte Suprema para que mantenga los aranceles que ha utilizado como una herramienta clave de política económica y exterior. Un fallo en contra de Trump representaría un cambio significativo para la Corte, que lo ha respaldado en una serie de decisiones que han permitido, de forma provisional, sus acciones de gran alcance en áreas tan diversas como su represión contra la migración y el despido de funcionarios de agencias federales., abre una nueva pestañay prohibir las tropas transgénero .
Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Esta ley permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional. Se convirtió así en el primer presidente en utilizar la IEEPA con este fin, una de las muchas maneras en que ha ampliado los límites de la autoridad ejecutiva desde que regresó al cargo en enero.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett interrogó a Sauer sobre su afirmación de que la redacción de la IEEPA que otorga a los presidentes poderes de emergencia para regular las importaciones abarca los aranceles.
“¿Puede usted señalar algún otro lugar del código o algún otro momento de la historia en el que esa frase, junto con ‘regular la importación’, se haya utilizado para conferir autoridad para imponer aranceles?”, preguntó Barrett a Sauer.
La jueza liberal Ketanji Brown Jackson afirmó que la IEEPA tenía como objetivo limitar la autoridad presidencial, no ampliarla.
“Está bastante claro que el Congreso intentaba limitar los poderes de emergencia del presidente”, dijo Jackson.
Si bien la Corte Suprema suele tardar meses en emitir fallos después de escuchar los argumentos, la administración le ha pedido que actúe con rapidez en este caso, aunque aún no está claro cuándo se tomará la decisión.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien asistió a los alegatos del miércoles, afirmó que si la Corte Suprema falla en contra de Trump, el gobierno recurrirá a otras vías legales para garantizar que sus aranceles se mantengan vigentes. Posteriormente, Bessent declaró en el programa “Kudlow” de Fox Business Network que salió de los alegatos “muy, muy optimista”.
Trump ha impuesto algunos aranceles adicionales invocando otras leyes. Esos no son objeto de este caso.
Represalia implacable
La IEEPA otorga al presidente la facultad de hacer frente a una amenaza inusual y extraordinaria en el contexto de una emergencia nacional. Históricamente, se ha utilizado para imponer sanciones a enemigos o congelar sus activos.
Sauer afirmó que Trump determinó que el déficit comercial estadounidense ha llevado al país al borde de una catástrofe económica y de seguridad nacional, y que los aranceles le han ayudado a negociar acuerdos comerciales. Deshacer esos acuerdos «nos expondría a represalias comerciales despiadadas por parte de países mucho más agresivos y llevaría a Estados Unidos de la fortaleza al fracaso, con consecuencias ruinosas para la economía y la seguridad nacional», declaró Sauer.
Al regresar a la presidencia, Trump desencadenó una guerra comercial mundial, lo que provocó el distanciamiento de los socios comerciales, el aumento de la volatilidad en los mercados financieros y la consiguiente incertidumbre económica global.
Ha utilizado los aranceles para obtener concesiones y renegociar acuerdos comerciales, y como arma arrojadiza para castigar a los países en asuntos políticos no comerciales.
Trump invocó la IEEPA para imponer aranceles a los productos importados de determinados países para abordar lo que él denominó una emergencia nacional relacionada con el déficit comercial de Estados Unidos, así como en febrero como medida de presión económica sobre China, Canadá y México para frenar el tráfico del analgésico fentanilo, frecuentemente utilizado de forma indebida, y de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Doctrina de las “cuestiones principales”
Sauer, al destacar los poderes del presidente en el ámbito de las relaciones exteriores, dijo a los jueces que la doctrina de las “cuestiones principales” no debería aplicarse en este contexto.
El juez conservador Brett Kavanaugh mostró cierta simpatía por Trump, rechazando el argumento de que Trump hubiera hecho algo novedoso que pudiera implicar la doctrina. Kavanaugh señaló que el presidente Richard Nixon impuso un arancel mundial en la década de 1970, amparándose en la ley predecesora de la IEEPA, que contenía una redacción similar en lo referente a la regulación de las importaciones.
“Ese es un buen ejemplo para ti”, le dijo Kavanaugh a Sauer.
La Corte Suprema ha mostrado históricamente deferencia hacia el presidente en materia de política exterior. Roberts, al interrogar a Neal Katyal, abogado de los demandantes privados, hizo hincapié en este punto, señalando que los aranceles de Trump sin duda le han otorgado mayor poder de negociación en acuerdos comerciales internacionales.
Los aranceles basados en la IEEPA generaron una recaudación estimada de 89 mil millones de dólares entre el 4 de febrero y el 23 de septiembre, fecha en que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó los datos más recientes.
“Claro, los aranceles son un impuesto, y ese es un poder fundamental del Congreso, pero son un impuesto orientado al exterior, ¿no? Y los asuntos exteriores son un poder fundamental del ejecutivo”, dijo Roberts a Katyal.
Las preguntas planteadas por el juez conservador Neil Gorsuch sugirieron que, en su opinión, las afirmaciones de Sauer sobre el alcance de los poderes inherentes del presidente en materia de asuntos exteriores amenazarían con socavar la separación de poderes establecida en la Constitución entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno federal.
“¿Qué impediría al Congreso simplemente abdicar de toda responsabilidad de regular el comercio exterior, o, en ese caso, de declarar la guerra, y delegársela en el presidente?”, preguntó Gorsuch.
