Por: Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hemos llegado a tal nivel de normalización de la violencia y el quebranto a la ley, que pareciera que una parte de la sociedad mexicana se siente “aliviada” porque la versión gubernamental dice que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco, no era un campo de exterminio sino “sólo” de entrenamiento para el crimen organizado. En cualquier otra sociedad, e incluso en cualquier otro país, esa sola última afirmación tendría que estremecer a propios y extraños. Alrededor de ese predio, y en cualquier cosa que ahí haya o no ocurrido, el común denominador es la ilegalidad, la criminalidad y la ausencia de cualquier garantía de legalidad y de Estado de Derecho. 

En efecto, hace algunas semanas diversos colectivos de personas buscadoras de desaparecidos denunciaron que en dicho lugar había centros crematorios, restos humanos, prendas y objetos personales de cientos de personas sobre las que no se conoce su paradero. La inferencia llevó a pensar en los centros de exterminio o en los campos de concentración que hubo durante el holocausto, y otros conflictos armados en los que se cometieron delitos de lesa humanidad. A lo largo de las semanas, la autoridad ha intentado moderar las versiones asegurando que no existen tales sitios, y que dicho predio era utilizado sólo como un campo de entrenamiento para criminales. En cualquier otra sociedad habría que responderse algunos cuestionamientos que aquí podrían parecer —paradójicamente— preguntas retóricas. Veamos. 

1.      La posesión del llamado Rancho Izaguirre. Versiones señalan que dicho predio les fue materialmente despojado a sus propietarios originales, a los que integrantes del crimen organizado, los orillaron mediante amenazas y violencia, a abandonar la posesión del mismo. De todo esto, seguramente, tuvieron en algún momento conocimiento las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y el resultado fue el mismo: nadie impidió que, a la mala, los dueños del inmueble fueran despojados de él. 

2.      El paradero de los supuestos “adiestrados”. Increíblemente, a pocos días de revelada la información por las personas buscadoras que denunciaron la presunta existencia del campo de exterminio, a través de un video un grupo criminal negó la veracidad de las afirmaciones y, básicamente, se plegó a la misma narrativa oficial. ¿Cuál es la realidad? Que hasta el momento existen algunos testimonios que sostienen los horrores que ahí ocurrían. Pero no ha habido una sola voz que asegure lo contrario, y que reafirme al menos con una narrativa coherente, que ahí los reclutados eran entrenados para labores criminales, pero sin agredirlos. 

3.      Que no sea un campo de exterminio, no alivia la realidad. ¿Debemos entonces estar tranquilos con la versión oficial? Pareciera que sí, pero ello también resulta insostenible. En un verdadero estado constitucional de derecho no tendría por qué haber ni centros de extermino, ni ranchos de entrenamiento de criminales. En un estado de legalidad real, ninguna autoridad podría sostenerse ante tal complicidad, ante su incapacidad por mantener el orden, o por su abierta omisión de decirse autoridad sin saber qué pasa en su municipio, entidad federativa o nación. Y aún así, sorprendentemente todos siguen en sus respectivos cargos, y sigue pareciendo un alivio lo del campo de entrenamiento, que no lo era de exterminio. 

4.      Cómplices involuntarios. El Estado está decidido a impedir, hasta donde le sea posible, que se consolide la versión del exterminio. Negándola, involuntariamente se pone una vez más del lado equivocado, igual que como cuando intentaron ocultar la realidad de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Más bien, deberían abrir y ampliar la investigación al máximo posible. Ello correspondería a una visión responsable, de Estado, que fuera capaz de reconocer los hechos, repararlos integralmente, y tomar medidas para evitar su repetición. No hacerlo los ubica, así sea accidentalmente, del lado equivocado frente al largo e intrincado juicio de la historia.