El gobierno italiano decretó el estado de emergencia en Génova por 12 meses tras el derrumbe del puente que causó 42 muertes en esta ciudad, indicó este miércoles el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

La decisión fue anunciada desde la prefectura genovesa al término de un consejo de ministros durante el cual adjudicaron un fondo de cinco millones de euros para la ciudad.

La medida tiene como finalidad la de favorecer la aprobación de proyectos para hacer frente a la emergencia provocada tras el derrumbe de una de las vías más importantes de la región, que une el este con el oeste de la península.

Conte decretó también una jornada de duelo nacional y confirmó que el gobierno va a revocar el contrato de concesión de las autopistas a la firma Autostrade, en un 30% propiedad de la familia Benetton.

Horas antes el gobierno había exigido la dimisión de los directivos de la firma responsable del mantenimiento del puente que se desplomó.

El primer ministro, que estaba acompañado por los viceprimeros ministros Luigi Di Maio y Matteo Salvini, designará un comisario especial para la reconstrucción.

Se trata de las primeras medidas oficiales que toma el gobierno populista un día después del dramático desplome del viaducto de la autopista de Génova.

Unos doscientos metros del llamado puente Morandi, que tiene mil 182 metros de longitud y una altura de 90 metros, se vinieron abajo y sepultaron bajo los escombros y bloques de cemento a unos 30 vehículos, entre ellos tres camiones.

Entre las primeras obras que el gobierno se comprometió a realizar incluyó la de garantizar la seguridad de los barrios afectados por el inmenso puente caído y dar un techo a las más de 600 personas damnificadas.

“Esta es una tragedia inaceptable en una sociedad moderna”, lamentó Conte, quien precisó que el gobierno va a tomar medidas antes de que la justicia establezca quienes son los responsables del derrumbe.

“Tenemos la obligación de garantizar a todos los italianos viajar en autopistas seguras”, dijo.

“Está claro que la firma Autostrade tenía el deber y la obligación de mantener y garantizar que el viaducto fuera seguro para todos los que lo usaban”, afirmó.

El primer ministro confirmó que 39 personas murieron en el desplome, 37 de ellas ya fueron identificadas. Unas 16 resultaron heridas, 9 de ellas se encuentran en estado grave.

Fuente: La Jornada

Miles de personas volvieron a salir hoy a las calles de Managua, la capital de Nicaragua, para exigir la liberación de alrededor de 400 detenidos que fueron capturados desde que estallaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega en abril.

Portando miles de  banderas de Nicaragua y coreando consignas como “Libertad, libertad”, o “El pueblo unido, jamás será vencido”, los manifestantes recorrieron varios kilómetros desde la rotonda Cristo Rey hasta la rotonda La Virgen en la zona oriental de Managua.

“Justicia y libertad para nuestros presos políticos”, rezaba una de las pancartas. Otros portaban afiches en los que exigían la salida del poder de Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Se van, se van, se van y nunca volverán”, gritaban los manifestantes en alusión a la pareja presidencial. Algunos familiares de prisioneros levantaban sus fotos en alto y clamaban: “Libres se los llevaron, libres los queremos”.

La marcha fue convocada por la opositora Alianza Cívica, que aglutina a estudiantes universitarios, empresarios y sociedad civil, como parte de una serie de protestas para demandar la liberación de los detenidos, en su gran mayoría arrestados por participar en protestas callejeras.

Del total de detenidos, 137 han sido llevados ya a los tribunales y acusados por delitos graves como terrorismo y crimen organizado, según cifras de la Alianza Cívica, que ha convocado a varias movilizaciones importantes en las últimas semanas.

Los líderes opositores aseguran que los detenidos son “presos políticos” porque no han cometido delitos comunes, sino que fueron arrestados por ejercer su derecho a la protesta y a la manifestación cívica, consignados en la Constitución vigente.

La marcha coincidió con el inicio de un proceso judicial contra los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, arrestados en julio y a quienes la Fiscalía acusa por terrorismo, crimen organizado, secuestro y el presunto asesinato de cuatro policías.

Manifestantes y familiares de los reos realizaron un “plantón” de protesta frente a la sede de los juzgados al comenzar la audiencia inicial en el sexto juzgado penal a cargo del juez Henry Morales, para exigir la excarcelación de los detenidos, a los que consideran “presos políticos” de Ortega.

Julio Montenegro, abogado de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo a periodistas que los tres prisioneros, pero especialmente Mairena, lucían “muy demacrados y con evidente deterioro físico”, y no descartó que hayan sufrido maltrato en el penal.

Aunque se había anunciado una audiencia pública, el juez Morales no permitió el acceso al local de periodistas independientes sino solamente oficialistas, según confirmó Roberto Larios, vocero del Poder Judicial.

Morales tampoco autorizó el ingreso de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó a dpa una fuente del organismo adscrito a la OEA. Al equipo de la CIDH también se le impidió entrar a un juicio que inició el martes por el asesinato de un periodista en la ciudad de Bluefields (surcaribe).

En su portal oficial “El 19” el Gobierno anunció que durante la audiencia serán presentados 40 testigos “que certificarán la participación y autoría intelectual de estos sujetos”.

La crisis en Nicaragua inició el 18 de abril y ha dejado 450 muertos y 2.800 heridos, según ONGs de derechos humanos, que responsabilizan de los crímenes a policías y paramilitares. El Gobierno reconoce 198 muertes.

Fuente: La Jornada