Ana Julia Méndez
El comisariado de Bienes Comunales de Tlacolula de Matamoros, Héctor González Cruz, denunció la presunta invasión de tierras, por parte del Gobierno del Estado a través de la Coreturo.
En conferencia de prensa, informó que desde el año 2014, los comuneros de Tlacolula han estado denunciando el despojo que en su momento ha ocasionado el gobierno del estado a través de Coreturo, en una superficie de más de 4.5 hectáreas, situación que ha sido comprobada por el mismo Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Dijo que el gobierno otorgó documentos de la zona invadida, lo que provocó que la mancha se ampliara, de tal forma que a la fecha son más de 20 hectáreas ocupadas de forma ilegal por personas ajenas a la comunidad.
Esta zona se encuentra también dentro de un polígono del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y dentro de un decreto de área natural protegida conocida como Monumento Natural de Yagul, también forma parte del corredor declarado por la Unesco.
Ante esta situación la comunidad de Tlacolula de Matamoros exige al Gobierno del Estado por un lado cumpla con los acuerdos ya pactados y proceda a crear las condiciones para que se indemnice por la invasión de las 4.5 hectáreas.
En relación a los temas de Lambityeco y Tlacolula de Matamoros son similares a la zona arqueológica de Monte Albán, misma que estaba en la misma situación de los temas que denuncian, sin embargo, resulta que en este caso ya etiquetaron más de 127 millones de pesos por la expropiación de 139 hectáreas de tierras comunales de Santa Cruz Xoxocotlan, a pesar de que existe un acuerdo de la Secretaria de la Reforma Agraria de fecha 22 de enero de 1982, mediante el cual deja insubsistente a la resolución presidencial de Santa Cruz Xoxoxoctlan, derivado de una serie de amparos promovidos por un grupo de propietarios que fueron afectados por la comunidad.
Todo lo anterior implica que jurídicamente no existe comunidad, comuneros, comisariado de bienes comunales, “entonces como es posible que se esté impulsando este proyecto cuando existen inconsistencias en la acreditación de la propiedad comunal”.
