Juan Pablo Martínez
Raúl Bolaños Cacho Cué vuelve a mover piezas del viejo régimen priista en Oaxaca. En su abierta aspiración por convertirse algún día en gobernador del estado, el diputado federal del Partido Verde Ecologista, identificado políticamente como uno de los cuadros más cercanos al muratismo infiltrado en la llamada Cuarta Transformación, ahora apuesta por reciclar personajes cuestionados y desacreditados para intentar darle oxígeno a un partido prácticamente inexistente en la entidad.
En redes sociales, Bolaños Cacho presumió con entusiasmo la incorporación de Antonio Amaro Cancino al Comité Directivo Estatal del PVEM en Oaxaca, asegurando que se trata de “un perfil con gran experiencia y liderazgo”. Sin embargo, detrás del discurso reciclado de “experiencia” se encuentra uno de los nombres más polémicos de la vieja clase política priista oaxaqueña, ligado durante años a grupos de poder señalados por corrupción, abuso político y represión.
Amaro Cancino arrastra una larga lista de señalamientos públicos que contrastan con la supuesta renovación política que pregona el Partido Verde. En 2021 fue acusado de violencia política de género luego de que la entonces candidata Arlen Rivera denunciara presiones y actos para impedirle realizar campaña. El caso derivó en investigaciones ante la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Pero los antecedentes del ex priista van mucho más allá. Diversas publicaciones lo han vinculado con la llamada “burbuja ulisista” que operó durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, uno de los periodos más oscuros y cuestionados en la historia política reciente de Oaxaca. Durante su paso como presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa entre 2005 y 2007, Amaro Cancino fue señalado por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
Además, también ha sido relacionado con presuntos conflictos de interés en contratos de obra pública mediante la constructora Arquiba S.A. de C.V., en la región de Tuxtepec, así como con actos de agitación y respaldo al uso de la fuerza pública durante el conflicto magisterial y social de 2006, episodio que dejó heridas profundas en Oaxaca y marcó a toda una generación.
Pese a ese historial, Antonio Amaro no sólo sobrevivió políticamente, sino que fue premiado en 2022 con un cargo dentro de la administración de Alejandro Murat, como titular de la Coordinación General de Atención Regional. Ahora, reaparece bajo el cobijo del Partido Verde y de Raúl Bolaños Cacho, confirmando que el proyecto político del legislador no apuesta por nuevos perfiles ni por la transformación, sino por el reciclaje de los mismos operadores del viejo PRI que durante décadas controlaron Oaxaca.
La maniobra exhibe también la contradicción permanente del PVEM en Oaxaca: un partido que se vende como aliado de la 4T mientras abre las puertas a personajes ligados al muratismo, al ulisismo y a prácticas políticas que la ciudadanía ha rechazado una y otra vez.
Lejos de representar una renovación, el movimiento encabezado por Bolaños Cacho parece más un desesperado intento por reconstruir una estructura política basada en figuras desgastadas, cuestionadas y señaladas públicamente. En Oaxaca, donde la memoria política sigue viva, revivir a los mismos actores del pasado podría terminar siendo más un lastre que una fortaleza.
