** La comunidad zapoteca acusa al alcalde de San Pablo Macuiltianguis de reasignar recursos que le corresponden; el conflicto judicial continúa ante un Tribunal Colegiado
Fabián Hernández
La disputa por más de 2.8 millones de pesos destinados a obras y servicios públicos mantiene movilizada a la comunidad zapoteca de San Juan Luvina, que cumple su tercer día de bloqueo sobre la carretera federal 175, en el tramo Oaxaca-Tuxtepec. Los habitantes exigen la restitución de los recursos municipales y una mesa de diálogo con el gobierno estatal en condiciones de igualdad y sin imposiciones.
La asamblea comunitaria de esta agencia municipal, perteneciente a San Pablo Macuiltianguis, señaló al presidente municipal, Jorge Mauro García Ruiz, de disponer unilateralmente de las participaciones correspondientes a los Ramos 28 y 33, específicamente de los Fondos III y IV, con el argumento de una certificación que la comunidad considera falsa.
De acuerdo con la representación comunitaria, a partir de ese documento se convocó de manera extraordinaria al Consejo de Desarrollo Municipal, que en menos de 72 horas determinó rescindir el contrato y cancelar la obra pública prevista para San Juan Luvina. Los habitantes sostienen que la decisión afectó recursos que les corresponden y que ahora pretenden destinarse a proyectos en la cabecera municipal.
Los montos en disputa ascienden a 2 millones 273 mil 59 pesos con 58 centavos del Fondo III y 548 mil 823 pesos con 53 centavos del Fondo IV, lo que representa un total de 2 millones 821 mil 883 pesos con 11 centavos.
La comunidad argumenta que este presupuesto corresponde al 54.43 por ciento de la población de la agencia municipal, proporción que, asegura, fue reconocida mediante una resolución emitida el 11 de mayo de 2026 por la Sala Unitaria Especializada en Controversias Administrativas entre Municipios y sus Agencias.
Pese a mantener el bloqueo carretero, los habitantes de San Juan Luvina reiteraron su disposición a alcanzar una solución mediante el diálogo, siempre que las negociaciones se desarrollen sin condicionamientos y bajo condiciones de igualdad jurídica y política.
En ese sentido, expresaron su expectativa de que la mesa convocada por el gobierno estatal permita construir acuerdos efectivos y vinculantes, en lugar de convertirse, señalaron, en un ejercicio de simulación que prolongue el conflicto.
La asamblea también defendió su derecho a administrar directamente los recursos públicos, al sostener que no se trata de una concesión de la autoridad municipal, sino de una prerrogativa reconocida en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
En el ámbito judicial, la comunidad rechazó que el sobreseimiento de su demanda de amparo represente una resolución favorable al Ayuntamiento de San Pablo Macuiltianguis.
Según su posicionamiento, el titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ulises Cuauhtémoc Reyes, realizó una interpretación restrictiva al considerar que las agencias municipales no pueden promover juicios de amparo por su condición de autoridades supuestamente supraordinadas. La representación comunitaria sostiene que en esa determinación se omitió un análisis con perspectiva intercultural.
El expediente se encuentra actualmente ante un Tribunal Colegiado, instancia que deberá revisar la determinación judicial a la luz de la reforma constitucional. La comunidad manifestó además su confianza en que, por la trascendencia del asunto, el caso pueda ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A juicio de los habitantes, la resolución podría sentar un precedente para futuros litigios relacionados con los derechos presupuestales de los pueblos indígenas y la administración de los recursos que les corresponden.
Mientras continúa la controversia administrativa y judicial, San Juan Luvina mantiene como exigencia central la restitución de los fondos y una solución que garantice la participación de la agencia en las decisiones sobre su presupuesto.
