** Mientras los ministros determinarán si fue legal anular un fallo favorable al exdiputado Juan Antonio Vera, en Oaxaca hay expedientes “congelados” por delitos que involucran a la activista
Carolina Espina
La controversia judicial en torno al ataque con ácido que sufrió la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz dio un nuevo giro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió intervenir para revisar la legalidad de la anulación de una sentencia absolutoria contra el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal y otros dos acusados, en un proceso marcado por decisiones judiciales contradictorias y cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso.
Por siete votos contra uno, el pleno aprobó atraer cinco amparos relacionados con el caso, a propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y de la ministra Loretta Ortiz. La ministra María Estela Ríos González votó en contra.
El conflicto se remonta a agosto de 2024, cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y dos coacusados de tentativa de feminicidio. Tras esa determinación y ante la presión ejercida por la presunta víctima, el juzgador fue suspendido y una jueza sustituta dejó sin efectos el fallo, además de ordenar repetir el juicio oral.
Ahora, los ministros deberán esclarecer si la nueva juzgadora tenía atribuciones para invalidar lo resuelto por su antecesor, quien había presenciado el desahogo de las pruebas, o si esa actuación vulneró las garantías procesales de los acusados, uno de los cuales, falleció hace algunos años en reclusión, insistiendo en su inocencia.
Aguilar Ortiz aclaró que la Corte no resolverá quién es culpable o inocente del ataque cometido en 2019, sino la legalidad del procedimiento que provocó la repetición del juicio. Vera Carrizal, expareja de la presunta víctima lleva siete años en prisión con un juicio lleno de irregularidades.
La intervención de la Suprema Corte ocurre mientras resurgen señalamientos contra la propia saxofonista. En julio de 2026, fueron difundidas diversas denuncias ministeriales relacionadas con María Elena Ríos y miembros de su familia, por presuntos delitos que incluyen lesiones, amenazas, extorsión y falsedad en declaraciones, carpetas de investigación que están “congeladas” en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Uno de los casos más controvertidos es el de Andrea Monserrat Ramos Gómez, quien denunció a María Elena y a su hermana Silvia Ríos Ortiz por una agresión ocurrida el 19 de diciembre de 2024, misma quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.
A estas controversias se suma su enfrentamiento público con el actor Tenoch Huerta, a quien Ríos acusó en 2023 de violencia sexual. El intérprete rechazó los señalamientos, afirmó haber sufrido afectaciones profesionales y personales, y denunció públicamente un presunto intento de extorsión por parte de Ríos Ortiz.
La trayectoria pública de la saxofonista también alcanzó el terreno político. En 2024, Morena la postuló como candidata suplente a diputada federal plurinominal, mediante una acción afirmativa indígena, situación que la puso en ventaja para su tema legal.
La Suprema Corte tendrá que determinar si la anulación del fallo absolutorio respetó las reglas judiciales. Mientras tanto, las autoridades también tienen pendiente esclarecer las denuncias que involucran a la familia Ríos Ortiz.
