El Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez compareció este miércoles ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura Local, en atención al exhorto legislativo respecto a los avances de investigación sobre el homicidio de la fotoperiodista M. S. C. J., cometido en junio de 2018, en Juchitán de Zaragoza, región del Istmo de Tehuantepec.
El Fiscal General precisó que en el marco de la Constitución y la Ley, bajo el principio de “Reserva de las actuaciones de la investigación”, consagrado en la Constitución de la República, Artículo 20 Apartado B fracción VI, así como en la Constitución Local, Artículo 8 Apartado B fracción VI y por los artículos 105, 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prohíbe dar información sobre las investigaciones penales a sujetos no autorizados.
Lo anterior, al sustentarse en el Artículo 218 del CNPP, que a la letra dice: “Los registros de investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en el Código y demás disposiciones aplicables”.
El Fiscal General expuso que de acuerdo con el Principio de reserva de las actuaciones -que prohíbe dar información sobre las investigaciones penales a sujetos no autorizados- se perjudicaría el proceso de investigación de los delitos basados en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Si cualquiera o todos conocen la información que se obtiene de una investigación se puede impedir su avance y elimina la posibilidad que sea eficiente o se podría poner en riesgo la realización de ciertas diligencias o actos de investigación.
Asimismo, las víctimas pueden sufrir daños; además, la reserva de las actuaciones también sirve para proteger la integridad física de testigos, peritos, agentes estatales, ministerios públicos y víctimas, operadores jurídicos y de imputados y víctimas.
De igual manera, se perjudica el debido proceso y su principio central: el de presunción de inocencia y protección de datos personales, tal como lo estipulan tribunales federales, toda vez que es un derecho vinculado con la salvaguarda de otros derechos fundamentales inherentes al ser humano.
Precisó que es la propia Constitución de la República que modela las reglas del sistema penal y del sistema de investigación de delitos, la que establece los derechos de las víctimas e imputados y el deber de realizar investigaciones objetivas y eficientes y la que también consagra, en consecuencia, el principio de reserva de las actuaciones.
“Si yo o ustedes violamos estos derechos, violamos la Constitución y ello es motivo de un juicio político y de responsabilidad penal, porque estaríamos cometiendo un delito contra el sistema de seguridad pública, tipificado en el Artículo 165 fracción IV del Código Penal del Estado que impone de 2 a 4 años de prisión a quien dé a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier información de la que tenga conocimiento en ejercicio o con motivo de su empleo, cargo o comisión”.
Rubén Vasconcelos Méndez expuso que su comparecencia a este recinto legislativo se sustenta en el respeto a las instituciones del Estado, más aún a la que representa la soberanía del pueblo. “Vine por respeto a la institución del Congreso del Estado, lugar donde el pueblo es representado”.
“En nombre de la Fiscalía General y de la mayoría del pueblo de Oaxaca, pido diputadas y diputados que no permitan que unos pocos afecten el trabajo de la Institución; no permitan frenar o entorpecer el proceso de fortalecimiento institucional en el que estamos avanzando, no permitan que se contamine a la Fiscalía General de intereses políticos o criminales”.
El Fiscal General puntualizó que la justicia es un área que debería estar exenta de la lucha política, un espacio institucional que debería estar fuera de la pugna entre partidos, “un bien que deberíamos todas y todos a comprometernos a cuidar y no lastimar con nuestros intereses personales o de grupo”.
Vasconcelos Méndez enfatizó que solamente con visión de Estado se puede entender la importancia que tiene en una sociedad la procuración de justicia. “En gran medida la gobernabilidad, la seguridad, la paz social y el desarrollo dependen de ella”.
Consideró que hay instituciones que son auténticas fortalezas del Estado, que deben ser construidas por todas y todos y funcionar con murallas que eviten que las penetre cualquier interés que no sea el de la sociedad y con los instrumentos y recursos suficientes para cumplir sus fines.
“Hoy Oaxaca y México necesitan que juntos sigamos fortaleciendo nuestra Institución de procuración de justicia; hagámoslo con la certeza de que es la ruta más importante para la transformación del país y el mejor legado que les podemos dejar a las generaciones que nos suceden”, finalizó.
