AP.- La Corte Suprema permitirá que el presidente Donald Trump retome su plan para desmantelar el Departamento de Educación y proceda con el despido de casi mil 400 empleados.
Con el disenso de los tres jueces liberales, la Corte Suprema suspendió el lunes una orden del juez federal Myong Joun, quien emitió un mandato judicial preliminar en Boston que revertía los despidos y cuestionaba el plan en su totalidad. Los recortes de personal “probablemente paralizarán al Departamento” de Educación, escribió Joun. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden en lo que la Casa Blanca apelaba la decisión.
El fallo de la Corte Suprema permite al gobierno reanudar el proceso para desmantelar al Departamento de Educación, una de las mayores promesas de campaña de Trump.
La corte no explicó su decisión a favor de Trump, como es habitual en las apelaciones de emergencia. Pero en desacuerdo, la jueza Sonia Sotomayor se quejó de que sus colegas estaban permitiendo una medida legalmente cuestionable por parte del gobierno.
“Cuando el ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego cumple esa promesa, es deber del poder judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor en nombre de ella misma y las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que es una “pena” que haya sido necesaria la intervención de la Corte Suprema para permitir que el plan de Trump siga adelante.
“Hoy, la Corte Suprema confirmó nuevamente lo obvio: el presidente de los Estados Unidos, como jefe del poder ejecutivo, tiene la última autoridad para tomar decisiones sobre los niveles de personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”, dijo McMahon en un comunicado.
La Corte Suprema le ha otorgado a Trump una victoria tras otra en su intento por reformar al gobierno federal, después de que los tribunales de menor instancia han determinado que las acciones del gobierno probablemente violan la ley federal.
La semana pasada, los jueces despejaron el camino para que Trump avanzara con su plan de reducir significativamente el tamaño de la fuerza laboral federal. En el ámbito educativo, la corte ya había permitido que procedieran los recortes en las subvenciones para la formación docente.
Por separado, más de 20 estados interpusieron una demanda el lunes contra el gobierno federal en torno al congelamiento de miles de millones de dólares en fondos educativos para los cuidados fuera de horario escolar y programas de verano, entre otros.
Los empleados del Departamento de Educación que fueron objeto de los despidos han estado en licencia con goce de sueldo desde marzo, según un sindicato que representa a parte del personal de la agencia.
La orden de Joun había impedido que el Departamento los despidiera por completo, aunque a ninguno se le había permitido regresar al trabajo, según la Sección 252 del Sindicato Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés). Sin la orden de Joun, los trabajadores habrían sido despedidos a principios de junio.
El Departamento de Educación había informado a principios de junio que estaba “evaluando activamente cómo reintegrar” a los empleados. Un correo electrónico del Departamento les pidió que compartieran si habían conseguido otro empleo, señalando que la solicitud tenía como objetivo “apoyar un regreso al deber fluido e informado”.
El caso actual involucra dos demandas consolidadas que afirmaban que el plan de Trump equivale a un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una demanda fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts junto con Sindicato Estadounidense de Profesores y otros grupos educativos. La otra demanda fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Las demandas argumentaron que los despidos dejaron al Departamento de Educación sin capacidad de cumplir con las responsabilidades requeridas por el Congreso, incluidas las obligaciones de apoyar la educación especial, distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles.
