• **La última sesión de la antigua Corte es el epílogo de un modelo judicial elitista y distante
• **El 1 de septiembre inicia la legítima impartición de justicia para el pueblo, afirma el legislador oaxaqueño

La última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa la clausura de un poder que perdió su rumbo y se alejó de la gente. Así lo declaró el senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, quien enfatizó que este cierre representa el fin de un lamentable ciclo de opacidad y el preludio de la verdadera transformación judicial.

“Hoy se baja el telón de un poder que durante décadas fue baluarte del neoliberalismo, que amparó privilegios y fue sordo al clamor de justicia de las mayorías. Un modelo agotado, donde la justicia era una mercancía para quien pudiera pagarla. La despedida no es de personas, es de un abuso del poder que el pueblo soberanamente ha revocado”, afirmó el legislador oaxaqueño.

Morales Toledo contrastó este episodio final con el nuevo capítulo que está próximo. “El 1 de septiembre no es solo un cambio de integrantes; es el amanecer de un nuevo poder judicial. Por primera vez, las y los juzgadores llegan con la legitimidad inquebrantable que otorga el voto popular. Llegan para servir, no para ser servidos; para impartir justicia con equidad, sin distinción entre poderosos y humildes”.

El legislador zapoteco expresó un orgullo especial por la próxima toma de protesta de Hugo Aguilar Ortiz, primer presidente de la renovada SCJN y orgullo oaxaqueño.

“En él recae la enorme responsabilidad de liderar esta transición histórica. Tengo la plena certeza de que encarnará los principios de austeridad, honradez y cercanía con la gente. Barrerá con las prácticas de corrupción y nepotismo desde la cima, restableciendo la credibilidad de la institución”.

Finalmente, el senador Morales Toledo recalcó que este cambio es un escalón más en el proceso de transformación nacional que inició en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy consolida la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La ministra presidenta saliente se equivoca al pensar que este es el fin de un ciclo en la vida pública. El ciclo que terminó es el suyo, el de la vieja guardia. El nuestro, el de la Cuarta Transformación, continúa su marcha imparable. Este es el cumplimiento de una promesa hecha al pueblo de México: devolverle el control de sus instituciones para que, por fin, la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos”, concluyó.

El debate sobre la validez de la elección se tornó relevante tras la presentación del proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien propuso anular los resultados bajo el argumento de que la equidad y la integridad del proceso se vieron comprometidas.

Rodríguez Mondragón dividió su análisis en la existencia de una “estrategia ilícita, coordinada y sistemática para influir en el voto mediante la distribución de guías conocidas como ‘acordeones’”; las faltas de integridad en el procedimiento; y los vacíos legales que, en su opinión, urgen reformas.

De acuerdo con el magistrado, la operación descrita fue “eficaz y determinante en los resultados” y transgredió principios clave como la equidad, la autenticidad del voto y la prohibición de financiamiento externo.

A este contexto se suma la postura de Janine Otálora, magistrada que también plantea la anulación del proceso por las mismas razones vinculadas a la denuncia sobre los “acordeones”. Ambos han emitido votos minoritarios frente al bloque encabezado por la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, junto a los magistrados Felipe De la Mata y Felipe Fuentes Barrera.

Precisamente, durante la discusión sobre el proyecto, Fuentes Barrera advirtió: “cuando se trata de anular la voluntad ciudadana, no basta la estadística. Se exige la verdad jurídica”. Señaló que el planteamiento de Rodríguez Mondragón se sustenta en “inferencias acumuladas, un uso desordenado del análisis contextual y herramientas estadísticas que no prueban jurídicamente los hechos”.

Para él, sólo podría declararse la nulidad ante pruebas plenas de una operación ilegal nacional coordinada, uso comprobado de propaganda prohibida con financiamiento ilícito y demostración clara de que eso alteró el resultado. Añadió que ninguno de dichos argumentos está plenamente acreditado.

Durante el transcurso de la mañana, una decena de manifestantes se congregó frente a la sede de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la colonia CTM Culhuacán de la Ciudad de México para exigir la anulación de la reciente elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los manifestantes, integrantes de organizaciones como Va por Todos MX y Resistencia Civil, Activa y Pacífica, mostraron su rechazo al proceso judicial e hicieron énfasis en la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial.

La sesión para discutir estos temas, originalmente programada al mediodía, fue reprogramada a las 16:00 horas, abarcando otros asuntos relacionados con el proceso judicial en curso. Mientras tanto, el magistrado Rodríguez Mondragón anunció cambios en su proyecto tras la respuesta de la Fiscalía de Justicia capitalina a las indagatorias sobre la presunta distribución masiva de “acordeones”. Sin embargo, la mayoría de los magistrados recordó que el TEPJF no es una instancia investigadora.

Las deliberaciones y la decisión final del tribunal se perfilan como cruciales para la confianza pública y el futuro diseño de los procesos de selección de altos cargos en el sistema de justicia mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a negar este miércoles la colaboración del gobierno de México para emprender el “Proyecto Portero”, estrategia para combatir a los cárteles en la frontera, y urgió a que la DEA ofrezca una explicación. 

En su conferencia matutina, la mandataria reiteró sus críticas a la agencia estadounidense y señaló que se mantiene una coordinación en materia de seguridad con Estados Unidos, pero bajo los términos de soberanía. 

“No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay (…) en todo caso ellos tendrían que decir por qué, cuál es su intención”, señaló. 

La presidenta Sheinbaum recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo un distanciamiento con la DEA, derivado de la detención del general Salvador Cienfuegos. 

“A partir de ahí, el presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México. Esos límites continúan en nuestro gobierno”, dijo. 

Ante esto, la mandataria sugirió que la intención de la DEA al publicar esta colaboración en la estrategia conjunta se realizó para “probablemente querer decir que cambiaron las cosas”. 

Sin embargo, señaló que se mantiene en puerta el acuerdo de seguridad con el gobierno de Donald Trump, aunque sigue sin una fecha precisa para su firma. 

Vía Latinus