CIMAC.- La Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ordenó la libertad de Jhoan Ricardo Matus Marcial, quien fue asesor jurídico de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y uno de los señalados por la desaparición de la defensora Claudia Uruchurtu Cruz en 2020.

Jhoan Matus era responsable del área jurídica del Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y gracias a la declaración de un testigo protegido estaba enfrentando una pena de 50 años de prisión en el Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad de Tanivet.

Su liberación ocurre luego de que presentara un amparo, por lo que el Tribunal -conformado por las Magistradas Sofía Altamirano Rueda, Erika María Rodríguez Rodríguez y el Juez Armando Lustre Núñez- dio seguimiento a la sentencia dictada por los Magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito al determinar que no existían pruebas de su responsabilidad.

Para las hermanas Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu Cruz la decisión constituye un retroceso en el caso de Claudia luego de lograr la emisión de sentencias condenatorias contra los servidores públicos municipales acusados por estar implicados en su desaparición. Asimismo, añadieron que se evidencia el fortalecimiento de la impunidad y protección de las personas funcionarias que se encentran bajo el resguardo del partido político de Morena.

«Durante más de cuatro años, hemos peleado y exigido justicia, verdad y reparación por la desaparición de nuestra hermana Claudia, pero vemos con tristeza que después de todo este tiempo nada es suficiente, sobre todo cuando te enfrentas al poder fáctico del Estado, ese que controla y manipula los diversos poderes en nuestro país a su antojo» -Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu Cruz.

También apuntaron la inexistencia de la independencia del Poder Judicial y mencionaron que tantos jueces, juezas, magistrados, magistradas y demás operadores del Estado no han asumido su responsabilidad frente a la liberación de una persona señalada por desaparición forzada: «Sus resoluciones, lejos de estar sustentadas en un conocimiento profundo del marco legal aplicable, revelan una preocupante ignorancia o negligencia», mencionaron.

Asimismo, señalaron que el estándar probatorio exige una valoración distinta en materia de desaparición forzada cuando existe un señalamiento directo y con pruebas circunstanciales para demostrar la culpabilidad de los perpetuadores, por lo que ignorarlo, no solo continua el ciclo de impunidad, sino que revictimiza y niega la justicia a las víctimas.

La decisión del Tribunal se enmarca estando de cara al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado cada 30 de agosto. En México existen 133 mil 28 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 30 mil 249 son mujeres, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con corte del 29 de agosto de 2025, además de que se vive una crisis de desaparición en el país.

«No dejaremos de exigir justicia, de nombrar a quienes nos faltan, de buscar en cada rincón, aquí y allá, incluso cuando el país se desmorona frente a nuestra mirada. Porque la memoria, la dignidad y el amor por quienes nos fueron arrebatados son más fuertes que este sistema judicial y político que ha demostrado ser injusto, omiso e infame. Frente a la indiferencia institucional y la complicidad del Estado, nuestra lucha persiste y se fortalece. No nos rendiremos. Hasta encontrarte Claudia» -Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu Cruz.

Cinco años sin Claudia Uruchurtu

En enero de 2025, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca decidieron modificar la sentencia dictada en contra de la exalcaldesa de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, a quien señalaron como la presunta autora intelectual de la desaparición de Claudia Uruchurtu.

Anteriormente, Cimacnoticias documentó las irregularidades en el caso Uruchurtu que se expusieron en el foro «La encrucijada de la justicia, El caso de Claudia Uruchurtu Cruz y los desaparecidos de Zapotengo». En el evento, Gonzalo Cartas, experto en derecho penal señaló que había falta de voluntad política para frenar la liberación de Lizbeth Huerta.

También se denunció la falta de experiencia del Tribunal para atender casos de desaparición forzada y la intervención del gobernador Salomón Jara para que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez anulara los 40 años de prisión de la sentencia contra Lizbeth Victoria Huerta, después de 8 días de su emisión. Esta decisión se tomó incluso cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la existencia de un testigo protegido en el caso durante su Mañanera.

La desaparición de Claudia Uruchurtu se da en un contexto donde las defensoras de derechos humanos están siendo violentadas por su labor. De acuerdo con Im-Defensoras, México es uno de los países más letales de Mesoamérica para las defensoras en donde se documentaron mil 383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones civiles entre 2020 y 2024.

Estas agresiones se perpetuaron desde diferentes entes, por ejemplo, autoridades municipales (46%), autoridades públicas federales (28%), policías (16%), fuerzas armadas (1.86%), personas desconocidas (39%) y en el ámbito digital (11%). En adherencia, el 32% de las agresiones ocurrieron cuando la defensora ya contaba con una medida de protección y en el 42% se encontraron elementos de discriminación de género.

De acuerdo con una recapitulación de la desaparición de la defensora realizada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., todo comenzó el viernes 26 de marzo de 2021, cuando la Claudia Uruchurtu participó en una manifestación frente al edificio del ayuntamiento de Nochixtlán, Oaxaca, en la que se exigía la liberación de una persona que había sido detenida arbitrariamente y golpeada por la policía municipal.

Cuando caminaba a su casa, fue privada de la libertad por Juan Antonio H.M., escolta de la exalcaldesa, en una camioneta color guida o roja y la trasladaron a San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Nochixtlán. Posteriormente, fue bajada en el camino y la asesinaron con tres detonaciones. Al día siguiente, su presunto asesino con Nelci Y. V. J., y Rolando A. B. para deshacerse del cuerpo y desde ese momento se desconoce su paradero. La madre de la defensora es quien interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y comienzó una investigación por los alrededores del municipio.

Claudia era una activista de 47 años quien fungía como defensora de los derechos humanos en su comunidad que llevaba las demandas de la población, aunque estas habían sido rechazadas por la exalcaldesa. Pese a descubrir malversaciones de recursos, falsificación de firmas y empresas fantasmas en el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta que escribió en cartas para López Obrador, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y el exgobernador Alejandro Murat, estas fueron ignoradas.