Carolina Espina
Para muchos migrantes centroamericanos, su paso por Oaxaca representa un verdadero infierno. No solo por los malos tratos que reciben de manera inmediata al cruzar la línea que los ingresa al estado, sino por las extorsiones de las que son víctimas, al tratar de buscar un transporte, alimentación o algún lugar donde poder descansar, durante sus días de tránsito.
Procedentes de países de Centroamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, los migrantes que arriban a la entidad por la zona del Istmo de Tehuantepec, en su paso por alcanzar el sueño americano, son agredidos de diversas formas. Su camino se vuelve un martirio al lidiar, sobre todo, con las autoridades migratorias y de seguridad pública, estatal y municipal.
En la capital oaxaqueña, las inmediaciones de la Central de Abasto están convertidas en centros de reunión de los cientos de migrantes que, con escasos recursos, encuentran en esta zona, comida barata, un lugar en pisos fríos para dormir, pero, sobre todo, transporte que les ofrecen conjuntamente con documentos apócrifos para poder viajar hacia la Ciudad de México.
Ante la apatía de autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), empresas de transporte dedicadas al tráfico de indocumentados, obtienen ganancias millonarias lucrando con la necesidad de quienes viajan precariamente, pero que pagan los altos precios sugeridos, con tal de lograr avanzar para llegar a la frontera. Muchos llegan a pagar hasta mil 800 pesos por persona.
Autobuses, muchos de ellos propiedad de empresarios de otros estados, con capacidad de trasportar en cada uno 48 personas, pueden poner en carretera hasta seis camiones por operadora, es decir, trasportan cada noche a casi 300 migrantes, quienes les dejan ganancias diarias por el orden de los 500 mil pesos libres.
Sin embargo, quienes viajan en este tipo de empresas, tramitan un documento falso, con folios exactamente iguales que les extienden con un pago extra de mil pesos, sin embargo, no tienen seguro de viajero, ni ninguna otra garantía en caso de accidente. Por lo que los delitos que se configuran con cada uno de ellos, son graves.
Para poder laborar, al ser empresas al margen de la ley, cada noche, elementos de la Policía Estatal, de la Policía Municipal a través de la Unidad Motorizada de Atención Rápida (UMAR), así como de la Fiscalía General del Estado (FGEO) se dan cita en este lugar, para cobrar “sus cuotas” y poderlos dejar trabajar. Los autobuses clandestinos solo viajan de noche y requieren escoltas, el pago puede llegar a ser hasta de 6 mil pesos por autobús en carretera.
Éstos, están coludidos, además, con integrantes de la Guardia Nacional y del INM, con quienes tienen comunicación interna, para darles seguimiento en el camino y que, en determinado kilometraje, los camiones son detenidos para cobrar a migrantes sus respectivos “derechos de piso”, extorsionándolos con 100 o 200 pesos más, por persona.
Los vecinos que habitan en las calles aledañas a la Central de Abasto y que también sufren las consecuencias de esta situación, han dado cuenta de lo que sucede con los transportistas que lucran con los migrantes, sin embargo, las autoridades se hacen de la “vista gorda”, ya que la corrupción que impera es más importante que la seguridad ciudadana, por lo que ellos mismos han tenido que reforzar sus propiedades.
En esta zona, conocida ya por los negocios ilícitos que se realizan con los migrantes, también ha sido invadida por comercios que les ofrecen servicios básicos a bajo costo, incluida la llamada “Casa del Migrante”, misma que ante la lucrativa cadena de corrupción, olvidó su labor altruista de ayudar al prójimo, ya que los encargados también venden boletaje en camiones ilegales y cobran una comisión.
Asimismo, entre las empresas que ofrecen los viajes a migrantes, destacan dos que fueron líneas transportistas creadas en una primera instancia al servicio del magisterio, llamadas Azalea Tours, Línea Dorada y Turismo San Gabriel, que ahora han encontrado un negocio más redituable con el tráfico de indocumentados, al amparo de las autoridades estatales y municipales, que ignoran la situación y que crece de manera desmesurada.
En este mismo contexto, dentro de la misma zona, existen empresas que sí trabajan dentro de la ley. Ahogadas por las ilegales, transportistas oaxaqueños ofrecen servicios a bajo costo para ser costeables por los migrantes, siempre y cuando cuenten con los permisos originales emitidos por el INM. Sin embargo, a éstos, las autoridades buscan motivos para también extorsionarlos.
Al no contar con suficientes elementos para cobrarles las llamadas “cuotas” como a los traficantes de indocumentados, elementos de los diferentes cuerpos de seguridad, retrasan las horas de salida argumentado irregularidades o simplemente dan salida primero a quienes sí les dejan ganancias, y posteriormente a quienes tienen sus servicios en regla.
Se ha establecido que para las autoridades es tan provechoso este negocio, que hasta han protagonizado zafarranchos entre ellos, ya que quien llega primero antes de que salgan los camiones, son los que se llevan los “moches”, sean elementos de la Policía Estatal, Municipal, UMAR o Fiscalía.
La evidente corrupción que impera a costillas de los migrantes que cruzan por el estado, es una bomba de tiempo. Hasta el momento, no hay ningún responsable de la volcadura que sufriera uno de estos camiones ilegales el pasado 19 de febrero en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del kilómetro 88, donde fallecieron 17 personas y 19 más resultaron heridos.
Los cientos de migrantes que diariamente arriban a Oaxaca y que son invisibles ante los ojos de la autoridad que debería protegerlos, siguen considerando buscar otras rutas, ya que muchos se quedan viviendo a la intemperie y sin comer durante varios días, con tal de pagar las enormes cantidades de dinero que les son solicitadas en este estado, para ser trasportados en condiciones inhumanas.
