Redacción

El senador oaxaqueño, Antonino “Nino” Morales Toledo, ha construido su trayectoria política en medio de señalamientos, acusaciones e investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y el huachicol, además de mantener cercanía con personajes que han sido señalados o detenidos por hechos de diversa índole.

De acuerdo con información de Óscar Uscanga, de la Agencia Reforma, la incorporación a Morena del exjefe policiaco Rodolfo León Aragón “El Chino”, personaje señalado por presuntos vínculos y cuya afiliación posteriormente fue rechazada por el partido tras ser exhibido, habría sido impulsada por Morales Toledo.

La nota también documenta que el senador mantiene o ha mantenido cercanía con integrantes de su equipo que han enfrentado señalamientos. Uno de ellos es José Antonio López Ríos, quien en agosto de 2024, cuando se desempeñaba como su “secretario particular”, fue detenido en el Istmo de Tehuantepec con 500 mil pesos en efectivo, bidones de gasolina y un arma de fuego.

El hecho, según la información difundida, quedó consignado únicamente en reportes locales y López Ríos habría sido liberado horas después, pese a la intervención de autoridades federales y estatales.

Actualmente, aunque en el Senado el secretario particular de Morales Toledo sería Fernando Otáñez, López Ríos continúa realizando actividades políticas y difundiendo giras por encomienda del senador. En una publicación de este año escribió: “Por encomienda de nuestro senador Antonino Morales Toledo conversamos con un gran amigo, José Luis Sánchez Cuazitl, quien siempre ha contribuido a favor de la primavera oaxaqueña”.

Paralelamente, López Ríos no hace pública su actividad como asesor en la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca. Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, citados por Reforma, señalan que desde 2023 y hasta por lo menos el pasado 30 de junio, aparece en la nómina de esa dependencia con un sueldo neto aproximado de 25 mil pesos mensuales.

Los antecedentes que rodean al senador también incluyen una investigación financiera. En junio de 2020, cuando Morales Toledo era presidente municipal de San Blas Atempa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió temporalmente sus cuentas bancarias como parte de una indagatoria por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un año antes, en 2019, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED-OAXSC-0001-48-2019, relacionada con un presunto involucramiento del entonces alcalde en una red de huachicol fiscal en su región de origen, cercana a Salina Cruz. Posteriormente, la autoridad determinó que no existía acción penal en su contra.

En 2018, su hermano César Morales fue detenido en San Blas Atempa por portar armas de uso exclusivo del Ejército y llevar consigo 250 mil pesos en efectivo. También en ese caso fue puesto en libertad.

A estos antecedentes se suman los señalamientos realizados este año por el periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 22 de julio. Antes de su homicidio, el comunicador acusó públicamente a Morales Toledo de encabezar el robo de combustible en la zona y obtener presuntamente ganancias superiores a 2 millones de pesos diarios.

En una grabación, Leyva Aguilar afirmó que un informante le había señalado que en Huilotepec, municipio conurbado con Salina Cruz, personas dedicadas al robo de combustible presuntamente operaban “a sueldo” del senador y ordeñaban diariamente cinco pipas dobles de 25 mil litros cada una.

El periodista calculó que, con un volumen de 250 mil litros diarios y una venta de 10 pesos por litro, la operación representaría una ganancia de 2.5 millones de pesos al día, equivalente a unos 75 millones de pesos mensuales.

Los señalamientos forman parte de un conjunto de acusaciones que han acompañado la carrera política de Morales Toledo, quien además es cercano al gobernador y ha sido señalado como uno de los posibles aspirantes a encabezar una eventual gubernatura de dos años en Oaxaca. Mientras tanto, el senador mantiene una presencia constante en actos públicos sin tener además, un rendimiento por lo menos aceptable como senador, cargo que le da impunidad sobre los temas con los que lo vinculan.