* La condena para cada pescadora o pescador era de 15 años de prisión, y pagar una reparación de daño de 55 millones de pesos y multa de 90 mil pesos.
En un acto histórico para las comunidades indígenas que defienden la tierra y el territorio agrupados en la Asamblea de Asamblea Comunitaria de El Coyul y la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul (fundada en 1972), un juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito judicial del Istmo de Tehuantepec, absolvió a 21 indígenas chontales -mujeres y hombres- acusados por defender su playa de la construcción de inmobiliarias.
La condena para cada pescadora o pescador era de 15 años de prisión, y pagar una reparación de daño de 55 millones de pesos y multa de 90 mil pesos, y a pesar de que pudiera darse una apelación a través de un amparo, la verdad salió a flote.
Estos pescadores denunciaron que personas ajenas a la comunidad, respaldadas por funcionarios estatales y notarios públicos, se adueñaron supuestamente de mil 452 hectáreas que corresponden a 221 familias organizadas desde 1972, en la Sociedad Agrícola Ganadera “El coyul”.
Cuando se enteraron que personas ajenas pretendían adueñarse de su playa para destruir los mangles y construir edificios y hoteles, denunciaron públicamente y resistieron, provocando enojo de los empresarios, quienes comenzaron acciones de criminalización judicial para detener supuestamente esta defensa.
Entonces, tras varios años de estar en los juzgados, finalmente fueron absueltos, aunque existe la posibilidad de que exista una impugnación; sin embargo, no desistirán, y advirtieron que será mediante amparos que les obligue a desistir de esas tierras que pertenecen a la comunidad indígena de El Coyul.
“Esto se trató de un despojo, pero no lo vamos a permitir, y desde acá seguiremos luchando. Basta ya de criminalizarnos, cuando en la comunidad, se sabe quienes son los dueños”.
Ante esta situación, las y los pescadores responsabilizaron a Alfredo Manuel Mena Alonso, Joel Ricárdez López y Rigoberto Cruz Cartas, de cualquier acción de violencia, hostigamiento, intimidación o intento de agresión contra su comunidad o las personas recientemente absueltas.
El acompañamiento legal y jurídico para estos pescadores fue gracias a la intervención de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APDTYT).
Finalmente, ya absueltas y absueltos, pidieron respeto a su labor y recalcaron que seguirán vigilantes frente a cualquier intento de vulnerar los derechos de su comunidad y de las y los defensores del territorio.
Vía Aristegui Noticias
