Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, titular de la Fiscalía General de Estado de Tabasco, informó a medios locales que hay más funcionarios bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con e grupo criminal “La Barredora”, encabezada por Hernán Bermúdez Requena.

“Hay diversos actores se están llevando a cabo investigaciones, no les puedo decir los nombres por una cuestión de seguridad”, afirmó Vázquez Landeros, quien señaló que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez Requena, la cual fue realizada de manear virtual y de la cual no dio detalles por secrecía.

La penas que enfrenta el ex secretario de Seguridad de Tabasco por diversos delitos en caso de ser considerado culpable superarían los 158 años de prisión.

“En el caso de resultar penalmente responsable, es decir que sea sentenciado Hernán “N”, la penalidad que alcanzaría sería por lo que hacen al secuestro de 50 a 100 años por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años esa es la finalidad que alcanzaría el caso de resultar sentenciado sin considerar los delitos federales”, detalló.

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que “se solicitará que sea vinculado a proceso, con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, y en su caso, se dicten las medidas cautelares correspondientes”, destaca el documento.

Hernán Bermúdez Requena estuvo prófugo de la justicia desde febrero de este año y fue capturado el pasado 12 de septiembre en Paraguay; pasado miércoles 17 de septiembre fue expulsado de ese país y la noche del jueves fue ingresado al penal federal de alta seguridad del Altiplano en el Estado de México.

La FGR lo vincula como líder de la organización criminal de “La Barredora” y la comisión de diversos delitos, “intervención en la comisión del delito de delincuencia organizada, contemplado en el artículo 2, con la finalidad de cometer alguna de las conductas contempladas en las siguientes fracciones: I (Contra la salud), II (acopio y tráfico de armas), VII (secuestro) y IX (delitos en materia de hidrocarburos)”, indica el documento.

La nueva orden de aprehensión también es en contra de Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”; José del Carmen Castillo Ramírez, alias “La Rana”; Savier Eduardo “Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández”.

Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora” llegó la noche del jueves al Aeropuerto Internacional de Toluca, para ser ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 El Altiplano.

A su arribo, alrededor de las 7:30 de la tarde, “El Abuelo” o “Comandante H” portaba una sudadera café, al parecer la misma que llevaba puesta en el momento de su detención, y un pantalón negro; además estaba custodiado por casi una decena de agentes. 

Mirando hacia abajo y con la cabeza cubierta con la capucha de su sudadera, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal le informó que se le cumplimentó una orden de aprehensión girada por un juez de Tabasco, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Latinus

Un Juzgado federal notificó hoy que fue presentado un amparo a nombre de Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, y otras personas, para impugnar posibles órdenes de detención o aprehensión, o actos para incomunicarlos o forzar su desaparición.

López Beltrán, conocido como “Andy”, es hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena.

El amparo 1728/2025 aparece en la lista de acuerdos del juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, y fue presentado este martes, señalando como autoridad responsable, entre otras, al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva la investigación por huachicol contra ex mandos de la Secretaría de Marina.

Se trata de un amparo de los conocidos como “buscadores”, en el cual se reclaman “la detención, incomunicación e ilocalizabilidad (sic) de los detenidos, privación de la vida, desaparición forzada u orden de aprehensión”, con el objetivo de que el Juzgado recabe informes de las autoridades responsables, para detectar si existe alguna de esas órdenes.

No se puede descartar que terceros ajenos a López Beltrán hubieran presentado la demanda sin su conocimiento, pues las formalidades habituales, como el otorgamiento de poderes a los abogados, no son necesarias cuando se reclaman este tipo de actos, sino que cualquier persona puede promover el amparo.

Este tipo de amparos usualmente se tramitan ante juzgados en materia penal, por lo que Verónica Beltrán Munguía, la nueva titular del Juzgado Noveno que apenas tomó posesión ayer, se declaró incompetente para seguir llevando el caso.

Previamente, la jueza concedió a los quejosos, cuyos nombres fueron censurados en la notificación pública, salvo el de López Beltrán, una suspensión de plano, como es obligatorio por ley cuando se reclaman este tipo de actos.

“Se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la desaparición forzada y posibles actos de tortura e incomunicación de las personas quejosas, en ese sentido, para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables, para que de inmediato cesen la desaparición forzada, la incomunicación y posible tortura que se dice es objeto las personas quejosas, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución”, ordenó la jueza.

“Prevéngase a dichas autoridades responsables para que, dentro del plazo de 24 horas, hagan del conocimiento de este juzgado la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión aquí decretada; asimismo, informen dónde puede ser localizadas dichas personas quejosas y, a disposición de qué autoridad se encuentran las mismas”.

Ayer mismo, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, rindió informe a la jueza, lo que indica que en el amparo se señaló como autoridades, además de la FGR, a jueces en materia penal que podrían haber ordenado aprehensiones.