México necesita urgentemente un mecanismo internacional con autoridad para investigar y perseguir crímenes atroces y actos de corrupción relacionados a ellos, ante la incapacidad del gobierno para realizar esas tareas, asevera un informe divulgado por la organización no gubernamental (ONG) Open Society Foundations.
En su reporte “Corrupción que mata”, el programa Justice Initiative de la organización presidida por el magnate estadounidense George Soros señala que en 2017 México vivió su año más violento en dos décadas, con 25 mil 339 asesinatos, según cifras oficiales.
“Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años”, en coincidencia con el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, indica el reporte.
Asimismo, añade, la tortura sigue siendo una práctica “generalizada” a nivel estatal y federal, hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.
Destaca igualmente que la rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula.
“De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando pueden ser funcionarios públicos”, agrega.
Refiere que, en México, la corrupción ha sido reconocida como endémica y su proliferación ha inspirado una notable lucha ciudadana para combatirla.
Sin embargo, la ONG advierte, la sociedad ha prestado menos atención a cómo los actos de corrupción han contribuido de manera particular a los crímenes atroces. De acuerdo con el documento, existen crecientes evidencias de colusión entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México.
“Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata”, sentencia.
El reporte, que se basa en diversas fuentes, incluyendo datos gubernamentales, testigos e informes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, cita como ejemplos preeminentes dos de los episodios más brutales perpetrados por el cártel de los Zetas en Coahuila.
Se trata del asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio de Allende y pueblos cercanos durante tres días en 2011, y la desaparición y el asesinato de unas 150 personas dentro de la prisión de Piedras Negras en el periodo 2009-2012, cuando la cárcel sirvió como centro de operaciones de los Zetas.
“Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas -por ejemplo, miembros de la policía local- pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios”, afirma.
No obstante, resalta que la complicidad oficial parece extenderse más allá de los funcionarios de bajo nivel. “De hecho, hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir”, apunta la ONG.
Asevera que Coahuila, gobernado desde hace décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Peña Nieto, es un “narcoestado” por excelencia.
Finalmente, explica cómo algunas reformas importantes del sistema de justicia, particularmente la propuesta de una Fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no garantizan la independencia necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios y criminales.
“La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo”, expone.
Por ello, el informe sostiene que “México necesita urgentemente un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir los crímenes atroces y los actos de corrupciónrelacionados a ellos”.
“La asistencia y la participación internacional son componentes esenciales para garantizar la independencia de las investigaciones y restablecer la confianza del público en el sistema de justicia penal mexicano”, finaliza.
En la elaboración del documento participaron numerosas organizaciones mexicanas, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Fuente: Excélsior
