Nicaragua acogió parcialmente este viernes un paro convocado por la opositora Alianza Cívica para exigir al gobierno de Daniel Ortega la excarcelación de cientos de detenidos por participar en las protestas de los últimos meses, en las que más de 320 personas han muerto.
La mayoría de los 20 mil negocios del populoso Mercado Oriental, el mayor centro de compras del país, amanecieron con las puertas cerradas, con pocas personas caminando o limpiando las calles, constató un equipo de Afp.
“El paro está excelente, así apoyamos a los muchachos que están presos, que están siendo torturados, que no tienen por qué estar en la cárcel sólo por andar protestando”, dijo a la Afp la comerciante Geidy Áreas de 38 años.
La concurrida carretera a Masaya, al sur de Managua, donde funcionan cientos de negocios, también lucía más desolada de lo normal.
Al menos 300 personas estarían siendo procesados por su participación en las protestas contra el gobierno, de los cuales 85 fueron acusados de “terrorismo”, denunció la semana pasada la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
La mayoría de las gasolineras, bancos, librerías y centros comerciales cerraron sus puertas en la capital, pero el tráfico de vehículos y autobuses de transporte público era mayor que en los paros opositores de junio y julio pasado.
Sin embargo, muchas ferreterías, cafeterías y negocios situados sobre la carretera norte de Managua, una importante zona económica, no acataron el llamado al paro debido a la necesidad de muchos comerciantes y trabajadores de generar ingresos para sus familias.
“Uno tiene que luchar porque tiene deudas con los bancos y hay que dar de comer a los hijos”, afirmó a la Afp Johana Blandón, una vendedora de comida de las afueras de las maquilas de una Zona Franca del este de la capital, donde miles de obreros llegaron a trabajar.
Las oficinas del gobierno también trabajaron normal.
El paro convocado por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demanda la liberación de cientos de “presos políticos” y la reanudación del diálogo con el gobierno de Ortega, estancado desde junio pasado.
La Alianza, integrada por estudiantes, empresarios y grupos de la sociedad civil, se formó a raíz del diálogo que se inició en mayo con el gobierno con la mediación de los obispos para buscar una salida a la crisis que vive el país a raíz de las protestas.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, que luego se transformaron en una demanda hacia el gobierno de Ortega para dejar el poder debido a la violencia que ejerció contra los manifestantes.
La represión dejó más de 320 muertos y 2 mil heridos, según grupos humanitarios.
