Más de 12 mil niños murieron o resultaron mutilados en conflictos bélicos de 2018, lo que lo convierte en el año más sangriento para los menores en este tipo de contexto desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició el registro, señaló ayer el informe anual de la Secretaría General de las Naciones Unidas para Niños y Conflictos Armados.

A lo largo de 2018, la ONU verificó más de 24 mil violaciones a los derechos de la infancia en 20 situaciones de conflicto saldados con más de 12 mil niños muertos o mutilados, la mayoría por fuego cruzado, artefactos explosivos o enfrentamientos, tanto a manos de fuerzas estatales e internacionales, como de grupos armados.

Es inmensamente triste que los niños sigan viéndose desproporcionadamente afectados por las guerras, indicó la relatora especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba.

El informe revea además que el reclutamiento y el uso de niños en los conflictos no disminuye, con más de 7 mil menores arrastrados a la primera línea de combate en todo el mundo, aunque Somalia se mantiene como el país con mayor número de pequeños soldados, seguido de Nigeria y Siria.

La ONU también expresó su preocupación por el aumento de los incidentes de violencia sexual contra niños y niñas, con 933 casos reportados, tomando en cuenta que la violación sigue sin denunciarse por falta de acceso, la estigmatización social y el miedo a represalias. Los mayores niveles se dan en Somalia y República Democrática del Congo (RDC).

Se incrementó el número de niños secuestrados, la mayoría de las veces para emplearlos en las hostilidades o como esclavos sexuales. Según la ONU, unos 2 mil 500 fueron capturados el año pasado, más de la mitad en Somalia.

En tanto, los ataques contra colegios y hospitales han descendido a nivel global, al sumar un total de mil 56 casos, aunque aumentaron significativamente en Afganistán y Siria, donde se registra el mayor número de ataques contra estas instalaciones desde el inicio de la guerra civil, en 2011.

El uso militar de los colegios sigue siendo una tendencia preocupante. La privación del acceso a la educación es especialmente alarmante en Malí, con 827 escuelas cerradas, lo que dejó a 244 mil niños fuera de las aulas.

En total, el año pasado se registraron 795 incidentes de privación del acceso de ayuda humanitaria a los niños, lo que supone un descenso respecto de 2017. La mayoría de los casos se dieron en República Centroafricana, Yemen y Malí.

Gamba destacó los incansables esfuerzos de los cooperantes para proteger a los niños y llamó a la comunidad internacional a mantener el apoyo a los actores humanitarios.

Naciones Unidas también llamó la atención sobre los miles de menores que han sido detenidos en todo el mundo por su presunta vinculación con grupos armados, algo que sigue siendo profundamente preocupante.

Mencionó específicamente a los menores privados de la libertad en Siria e Irak, la mayoría de los cuales tiene menos de cinco años, por ser hijos de miembros del Estado Islámico. Su situación es trágica, por lo que la ONU ha apremiado a los países de origen a reubicar a los niños extranjeros.

También se refirió a los niños soldados, y recordó que cualquier procedimiento legal en su contra debe cumplir los estándares internacionales, según los cuales los menores deben ser tratados en primer lugar como víctimas de reclutamiento forzado ofreciéndoles alternativas a la cárcel.

Los niños que han estado expuestos a grandes niveles de violencia no deberían ser aislados una vez que son liberados de los grupos y las fuerzas armadas. Ellos son víctimas de reclutamiento forzado y se debe dar prioridad a sus intereses, reclamó la relatora especial.

Gamba celebró que el número de menores rescatados aumentó de forma constante en los últimos años. En 2018, 13 mil 600 fueron liberados, frente a 12 mil del año anterior, con 2 mil 253 en RDC, 833 en Nigeria y 785 en República Centroafricana. A medida que las liberaciones aumentan, los fondos para reintegrarlos a la sociedad también deben hacerlo, subrayó. Es imperativo que todas las partes en conflicto prioricen la protección a los niños. Esto no puede esperar.

Fuente: La Jornada