Redacción
Los años pasan, pero los señalamientos de presunta corrupción que involucran a Gilberto Rubicel Cruz Velasco y José Manuel Vera Salinas siguen sin esclarecerse públicamente. Contratos millonarios cuestionados, supuestas empresas fantasma, irregularidades en Seguridad Pública y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) forman parte de un historial de denuncias que aún siguen congeladas.
Cruz Velasco, identificado en diversas publicaciones como operador financiero y proveedor cercano a José Manuel Vera Salinas, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ha sido señalado por su presunta participación en operaciones comerciales irregulares relacionadas con dependencias gubernamentales.
Uno de los casos más delicados corresponde a la adquisición de flotillas de patrullas que, de acuerdo con los señalamientos, habrían sido entregadas en malas condiciones e incluso facturadas como unidades nuevas. A ello se suma la presunta creación de empresas fantasma destinadas a justificar servicios de mantenimiento que nunca se habrían realizado.
Las acusaciones apuntan además a operaciones por más de 20 millones de pesos, cantidad cuyo destino y comprobación deberían ser esclarecidos mediante una revisión de los contratos, facturas, entregas y servicios supuestamente prestados.
En los Servicios de Salud de Oaxaca también surgieron denuncias sobre un contrato superior a 10 millones de pesos por supuestos trabajos de limpieza en unidades médicas, relacionados con la empresa Limpieza y Mantenimiento del Valle de Oaxaca, identificada en los señalamientos como LIMI.
El caso fue denunciado públicamente en agosto de 2023, cuando trabajadores del sector Salud señalaron irregularidades en la asignación y pago de los servicios, que presuntamente no se realizaron. La denuncia hizo referencia a la factura con folio 840 y a presuntas maniobras para justificar el desembolso de recursos públicos.
Otro episodio involucra a la empresa de seguridad privada SERPROSEP, señalada por haber obtenido servicios de vigilancia en hospitales y clínicas de Oaxaca mediante una presunta adjudicación sin licitación. Denuncias difundidas por empresarios locales sostienen que la compañía, procedente de la Ciudad de México, había enfrentado restricciones en Yucatán y cuestionamientos relacionados con la contratación de personal con antecedentes delictivos, señalamientos que también requieren corroboración documental.
En ese mismo contexto, proveedores oaxaqueños denunciaron la presunta exigencia de “moches” de hasta el 15 por ciento para liberar pagos pendientes, así como amenazas de retención de recursos y prácticas destinadas a favorecer a empresas foráneas. El expediente de señalamientos también incluye acusaciones de boicot comercial, coacción, amenazas y presuntas agresiones contra personas consideradas opositoras o competidoras, prácticas que habrían generado temor entre algunos sectores empresariales.









































