El Programa Estatal de Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca recibió una evaluación positiva por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Pacífico Sur, que destacó su enfoque preventivo, territorial y participativo, así como su potencial para consolidarse como una política pública de Estado.
La evaluación, correspondiente al periodo 2023–2025, se realizó bajo los parámetros metodológicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y tuvo como propósito analizar el impacto del programa en las comunidades beneficiadas, particularmente en la reducción de la conflictividad social y el desescalamiento de la violencia, además de dar seguimiento a su funcionamiento e identificar áreas de mejora en su diseño e implementación.
De acuerdo con el informe, el CIESAS otorgó un respaldo académico y técnico de alto nivel al programa, al considerar que su diseño representa una innovación institucional frente a enfoques tradicionales centrados en la reacción y la contención. En contraste, subraya una visión de gobernabilidad basada en la prevención, el diálogo territorial, la mediación no coercitiva y la construcción de una cultura de paz acorde con la diversidad social, política y cultural de Oaxaca.
La evaluación también resaltó la coherencia estratégica del programa con el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2028, al posicionarlo como una herramienta operativa clave para materializar los principios de gobernabilidad democrática, derechos humanos y bienestar social impulsados por el Ejecutivo estatal. Entre sus principales fortalezas se identifican el enfoque territorial sustentado en la presencia directa del Estado, los mecanismos de conciliación comunitaria y sus componentes pedagógicos y culturales orientados al fortalecimiento de capacidades locales.
Asimismo, el informe reconoce el compromiso y la apropiación del enfoque por parte del personal operativo, así como resultados visibles en la gobernanza territorial, tales como la resolución de conflictos agrarios, la contención de bloqueos sociales y la ampliación de la presencia institucional en regiones históricamente rezagadas.
Finalmente, el CIESAS recomendó fortalecer la institucionalización del programa mediante su formalización normativa, una asignación presupuestal diferenciada, la profesionalización del personal en campo y una mayor coordinación interinstitucional, a fin de garantizar su sostenibilidad y consolidación como una política de Estado en materia de paz y gobernabilidad.
