En México hay luces y sombras en la implementación de la Ley contra la Tortura porque hay obsolescencia y falta de operatividad efectiva, afirmó el coordinador de la Unidad de Seguridad y Justicia de la ONU-DH, Alan García Campos, al resaltar que de 2018 al 30 de junio de 2026 se han abierto 27 mil 039 expedientes a nivel nacional.
Durante el foro Avances y Pendientes en la implementación de la Ley contra la Tortura en México, reforzó que, de acuerdo al Registro Nacional en Materia de Tortura, las entidades que ocupan los primeros lugares son Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca, respectivamente.
Detalló que de esos expedientes que se abrieron, Veracruz concentra el 13.5%; la Ciudad de México, el 11%; el estado de México, el 8%, y Oaxaca, el 7.8% que equivale a dos mil 111 expedientes.
De acuerdo a cifras oficiales, hay 34 mil 376 víctimas en expedientes abiertos por tortura donde Veracruz despunta con el 14.4%; la Ciudad de México con el 8.9%; el estado de México con el 8.6% y Oaxaca ocupa el cuarto lugar con el 8.4%, que equivale a 2 mil 892 víctimas.
En esa misma periodicidad, primero de enero de 2018 a 30 de junio de 2026, hay 28 mil 354 personas presuntamente responsables en estos expedientes y desglosando la información, Veracruz ocupa nuevamente el primer lugar con el 13.2%; el estado de México el segundo lugar con el 8.3% y Oaxaca pasa el tercer lugar con el 8%, al tener mil 269 personas responsables en estas carpetas de investigación.
En el foro que convocado por CODIGO-DH y World Justicie Project, García Campos reconoció que “la tortura difícilmente podrá contrarrestarse, detectarse, combatirse, perseguirse, sancionarse e investigarse adecuadamente mientras no se aseguren que hay condiciones de independencia, imparcialidad en quienes tienen la labor, la responsabilidad de monitorear, controlar e investigar este delito”.
Hizo hincapié que “tenemos luces, tenemos sombras porque tenemos sí algunos avances, pero sobre todo un foro tiene un sentido útil práctico cuando mira hacia el porvenir y se compromete efectivamente a impulsar medidas que en una lógica de progresividad favorezcan la protección de las personas contra la tortura, la erradicación de esta práctica, por consiguiente la prevención, pero también cuando ha ocurrido la documentación, la investigación, la sanción con la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición”.
Insistió en que “no me atrevería yo a decir que no ha habido algunos avances, pero en esta materia del combate a la tortura y los malos tratos, no es válido nunca bajar la guardia, porque sabemos que la tortura de los malos tratos y degradantes es una maleza, digamos, que permanentemente puede estar encontrando fórmulas, vías de manifestarse, a reproducirse, incluso renovarse”.
Considera que “los retos existentes y para combatir la tortura, los malos tratos, pero también particularmente para acompañar a las víctimas de tortura que invariablemente tienen que estar en el centro, pero también a las personas que les defienden, que les representan particularmente ante los retos emergentes”.
Según “los censos de la calidad y el entorno de los centros de privación de la de la libertad, reflejan claramente que ha habido un incremento muy significativo históricamente sin precedentes en el universo de población penitenciaria, lo cual genera condiciones de favorecimiento de la práctica de la tortura y los malos tratos a partir de que hay niveles de sobrepoblación, hacinamiento muy significativo”.
Vía Educa
