Redacción
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos relacionados con el ejercicio de recursos públicos, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y adjudicaciones de servicios realizadas por el organismo electoral.
A través de un comunicado difundido el 6 de noviembre, el Instituto informó que solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar posibles conductas constitutivas de delito y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Aunque no precisó quiénes estarían involucrados, los montos bajo investigación ni las operaciones específicas que motivaron la denuncia, el organismo aseguró que su determinación responde a la obligación de garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta administración del presupuesto público, sin distinción de personas, cargos o periodos de gestión.
La denuncia se produce en medio de una crisis institucional por los cuestionamientos al manejo de contratos y las relaciones con empresas proveedoras. Un día antes, el Consejo General del INE anunció que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026.
Como parte de estas medidas, el organismo también acordó preservar documentación física y electrónica relacionada con las contrataciones, revisar su padrón de proveedores y fortalecer los mecanismos de control y supervisión del gasto.
A este escenario se sumó la información presentada por el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, ante la Cámara de Diputados, quien reportó la presentación de seis denuncias penales ante la FGR contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas por posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
El funcionario también informó que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como una persona moral, fueron emplazadas a comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, las investigaciones están relacionadas, entre otros asuntos, con contratos celebrados durante el proceso de elección de integrantes del Poder Judicial de 2025 y la producción de credenciales para votar.
Por su parte, el INE reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que pudiera comprometer los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales y sostuvo que las posibles responsabilidades deberán determinarse conforme a la ley.
La intervención de la FGR y la revisión solicitada a la ASF abren dos vías de investigación sobre el manejo de los recursos del organismo electoral, mientras que corresponderá a las autoridades competentes establecer si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
