El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 19 medidas para enfrentar la crisis interna debido a las conductas irregulares en la gestión de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.
Entre las medidas aprobadas están ordenar a la Secretaría Ejecutiva una auditoría externa a la gestión de Taddei; realizar un blindaje informático para evitar la destrucción de documentación, preparar las denuncias o vistas que correspondan y contar con testigos ciudadanos en los nuevos procesos de contratación.
El consejero Arturo Castillo responsabilizó a la reforma —aprobada por Morena en el Congreso— que entregó superpoderes a la presidenta del INE para nombrar funcionarios de mando en el instituto.
“Esta súper facultad fue, simplemente, mortal para efectos de la vigilancia; quedamos simple y sencillamente fuera de toda posibilidad de vigilar cómo funcionaba la administración de la institución y esto fue un factor muy relevante para que el día de hoy estemos en la crisis en la que estamos. Un llamado a la Fiscalía General de la República para que considere realizar diligencias de oficio y que valore si aplica o no aplica lo previsto en el artículo 19 de la Constitución”, señaló.
La primera acción del INE será solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que realice con carácter urgente y prioritario la investigación, fiscalización de la legalidad, gestión y desempeño de funcionarios para los procesos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, comprendidos del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026.
Otra acción será implementar una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes; de identificarse irregularidades, rescindir estos instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y contractuales aplicables, en observancia a los procedimientos correspondientes.
Otro rubro será ordenar a todas las áreas y personas servidoras públicas del instituto que tengan documentación relacionada con el objeto de revisión que la preserven de inmediato.
También se prevé un mecanismo informático institucional para la recepción de información, hallazgos y elementos documentales que pudieran resultar relevantes en relación con los procedimientos de contratación y las operaciones.
“El mecanismo deberá permitir que las personas servidoras públicas del instituto comuniquen, de manera segura y confidencial, información que consideren relevante para su revisión, incorporando las medidas necesarias para la protección de datos personales, la integridad de la información, la trazabilidad de los registros y, en su caso, la protección de las personas informantes”, mencionó.
Se instruirá a la Dirección Ejecutiva de Administración, a las áreas requirentes y técnicas, a las administradoras de contratos y a las juntas ejecutivas locales y distritales a entregar a la Auditoría Superior de la Federación la información que legalmente requiera.
Asimismo, a la Secretaría Ejecutiva para que, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración y de las áreas competentes, integre dentro de cinco días hábiles un inventario de contrataciones y operaciones del periodo, desagregado por ejercicio, unidad responsable, procedimiento, proveedor, objeto, monto contratado y pagado, modificaciones, recepción, incumplimientos y medidas aplicadas.
El INE argumentó que la participación de la ciudadanía es clave para transparentar sus actuaciones, por lo que instruirá a la Dirección Ejecutiva de Administración para que incorpore la figura de testigos sociales en aquellas contrataciones pendientes de celebrarse para el presente ejercicio fiscal.
