Fabián Hernández
** La Fiscalía de Oaxaca indaga posibles vínculos de la víctima y su esposa con una red de créditos usureros presuntamente protegida por ASAEO; nueve anexos han sido intervenidos por su posible relación con la estructura de extorsión.
Las deudas, los préstamos con intereses elevados y los posibles vínculos con una estructura criminal forman parte de la principal línea de investigación por el asesinato de Jesús Alvarado Carrera, conocido como “El Chuy”, y su esposa, Rosalba Sánchez, ocurrido el pasado 3 de octubre en la capital oaxaqueña.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el comerciante, famoso por a venta de elotes en el Centro Histórico, presuntamente pasó de solicitar dinero a integrantes de una red de préstamos informales, a participar en su propia estructura de financiamiento, mediante la cual habría otorgado créditos a pequeños comerciantes. Las indagatorias también apuntan a posibles nexos con la organización conocida como Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), señalada por las autoridades por su presunta relación con actividades de extorsión, cobro de piso y usura.
En conferencia de prensa, el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, expuso el jueves 15 de octubre que los indicios recabados permiten explorar la relación entre las actividades financieras atribuidas a la pareja y el ataque armado en el que ambos perdieron la vida. Aunque inicialmente se consideró que podían ser víctimas de extorsión, las investigaciones ampliaron el panorama hacia los conflictos que presuntamente mantenían dentro de la propia red de préstamos.
De deudor a prestamista
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, Jesús Alvarado Carrera habría comenzado como intermediario o solicitante de recursos dentro del esquema conocido como “gota a gota”. Posteriormente, junto con su esposa, habría desarrollado una estructura para entregar préstamos de menor cuantía a comerciantes, con intereses elevados y cobros mediante cuotas diarias.
Entre los elementos que analiza la institución se encuentra la creación de FEM Capital Financiera, empresa que presuntamente habría servido para canalizar esas operaciones. La Fiscalía también investiga el posible uso de dicha estructura para el blanqueo de recursos, una hipótesis que deberá acreditarse mediante las diligencias correspondientes.
Los datos expuestos por Rodríguez Alamilla apuntan a que la pareja habría recibido cantidades de entre 20 mil y 50 mil pesos de prestamistas con mayor capacidad económica para, posteriormente, colocar ese dinero entre otros solicitantes. Parte de los recursos presuntamente se depositaba en una cuenta bancaria a nombre de una tercera persona, cuya relación con las operaciones también forma parte de las indagatorias.
La revisión de los teléfonos celulares, documentos y registros de cobranza permitió a los investigadores reconstruir parte de las relaciones financieras de la pareja. Entre los indicios mencionados por el fiscal se encuentran libretas con anotaciones de préstamos, comprobantes y grabaciones de audio relacionadas con exigencias de pago.
Un reclamo por 50 mil pesos, entre los indicios
Uno de los elementos que la Fiscalía considera relevante es un mensaje de audio que Jesús habría reenviado a su esposa el mismo día del homicidio, a las 11:21 horas.
Según la explicación del fiscal, en la grabación un hombre identificado como “Gus”, a quien el comerciante llamaba “Padrino”, le reclamaba el pago de una deuda de 50 mil pesos. El contenido del mensaje forma parte de los elementos que las autoridades analizan para establecer si existía un conflicto financiero capaz de explicar el ataque.
La institución también reportó que encontró audios en los que presuntamente “El Chuy” exigía pagos a otras personas y recurría a expresiones amenazantes durante las cobranzas. Estos materiales podrían aportar información sobre la manera en que operaba la estructura de préstamos y las relaciones que mantenía con sus deudores.
La Fiscalía no ha presentado esos elementos como una resolución judicial sobre el móvil del crimen. Su valor deberá determinarse a partir de su análisis y de la relación que guarden con el resto de las pruebas.
Dos motocicletas siguieron a la pareja
Jesús y Rosalba fueron asesinados a balazos la noche del sábado 3 de octubre, cuando viajaban en una motocicleta por la colonia Ejidal, en la agencia municipal de San Martín Mexicápam, en Oaxaca de Juárez.
Durante la conferencia, el fiscal informó que las grabaciones de cámaras de videovigilancia permitieron observar que la pareja fue seguida por personas que se desplazaban en motocicletas antes de la agresión.
Rodríguez Alamilla aseguró que las investigaciones han permitido identificar a los presuntos autores materiales e intelectuales del doble homicidio, aunque la información difundida hasta el momento no incluye sus identidades ni detalles suficientes para establecer si ya fueron detenidos.
La hipótesis ministerial apunta a que el crimen podría estar relacionado con la delincuencia organizada y con los conflictos derivados de las actividades de préstamo y cobranza. No obstante, el esclarecimiento del móvil y la acreditación de la participación individual de los involucrados siguen sujetos al desarrollo de las investigaciones.
Una indagatoria que busca establecer responsabilidades
Las autoridades han identificado posibles zonas de operación en el Centro Histórico de Oaxaca, la Central de Abasto, Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicápam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores, además de municipios de los Valles Centrales.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la red, establecer el origen y destino de los recursos, identificar a otros posibles participantes y precisar qué relación existe entre las actividades atribuidas a “El Chuy” y su esposa y el doble homicidio.
La conexión entre el asesinato de la pareja y la estructura vinculada con ASAEO es, por ahora, una línea ministerial que deberá sostenerse con pruebas. El reto de las autoridades es esclarecer quién ordenó y ejecutó el ataque, determinar el móvil y establecer si las deudas y los mecanismos de cobranza fueron determinantes en el crimen.
Mientras avanzan las diligencias, el caso ha puesto bajo escrutinio una modalidad de financiamiento informal que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, habría rebasado los préstamos entre particulares para convertirse en una posible herramienta de presión y extorsión contra comerciantes de la capital oaxaqueña.
