El “huachicol”, el robo y la comercialización ilícita de combustibles en México, repuntó durante 2025, impactando las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el reciente reporte de la paraestatal a la Bolsa de Nueva York, el volumen promedio de combustible sustraído alcanzó los 19 mil 600 barriles diarios, lo que representa un incremento de 15.3% respecto a los 17 mil barriles diarios registrados en 2024.
Pese a las mayores estrategias para prevenir el robo, este ilícito propició pérdidas económicas. Pemex estima que el impacto financiero del robo de combustibles ascendió a 23 mil 491 millones de pesos el año pasado, frente a los 20 mil 529 millones reportados en 2024.
“El robo y el comercio ilegal de combustibles reducen nuestros ingresos en la cantidad que se habría generado con la venta de los productos robados y disminuyen nuestra utilidad neta, ya que el costo de producción del producto robado se incluye en nuestro costo de ventas”, dijo Pemex en su informe F-20.
El mercado ilícito no se limita al robo mediante tomas clandestinas, sino que incluye la adulteración, transporte, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.
Sin resultados sostenidos contra el “huachicol”
Pese a los esfuerzos implementados en coordinación con el gobierno federal, Pemex reconoce que “no han dado como resultado una mejora sostenida” en en el combate a las tomas clandestinas de hidrocarbudos.
Aunque el número de tomas clandestinas identificadas disminuyó ligeramente —de 11 mil 774 en 2024 a 10 mil 591 en 2025—, la persistencia del problema y el incremento en el volumen robado sugieren una mayor sofisticación y capacidad operativa de las redes dedicadas a esta actividad.
Para reducir los piquetes a oleoductos, Pemex dijo haber reforzado su la capacidad de distribución de combustibles mediante medios de transporte alternativos, como autotanques y ferrocarril, entre otras medidas.
La petrolera también advierte sobre riesgos adicionales que agravan su situación, como la posible participación de funcionarios públicos y empleados en estas actividades ilícitas. A ello se suman amenazas como sabotaje, bloqueos y actos de violencia contra instalaciones estratégicas, que podrían traducirse en pérdidas humanas, daños ambientales y costos millonarios de reparación.
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