En un avance significativo contra los delitos patrimoniales en la región Mixteca, autoridades judiciales de Oaxaca lograron la vinculación a proceso de cinco personas señaladas por su probable participación en el despojo de un predio comunal en Santiago Juxtlahuaca, el cual fue restituido a sus legítimos poseedores tras una larga disputa legal.
De acuerdo con la causa penal 353/2025, el pasado 1 de marzo de 2026 un juez de control con sede en Huajuapan de León determinó iniciar proceso penal en contra de R. F. H., quien se desempeña como agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía del Istmo de Tehuantepec, así como de A. C. G., J. R. F. C. y J. A. F. C., por el delito de despojo agravado en perjuicio de dos comuneros. Posteriormente, el 12 de marzo, otro integrante del mismo núcleo familiar también fue vinculado por hechos similares en un predio distinto.
Las investigaciones señalan que los imputados se habrían apropiado ilegalmente de aproximadamente tres hectáreas y media de terreno agrícola, ubicado en el paraje “El Tepoyan”, en el Barrio Santo Domingo. Tras cinco años de litigio, los afectados lograron que el órgano jurisdiccional no solo llevara a los presuntos responsables ante la justicia, sino que además ordenara la restitución del inmueble.
La diligencia de entrega material del predio se llevó a cabo el 31 de marzo con la participación de autoridades ministeriales y el respaldo de fuerzas de seguridad, entre ellas elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones locales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.
De manera paralela, autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca presentaron una denuncia adicional, al señalar que los mismos implicados habrían ocupado otra fracción de terreno destinada al panteón municipal, lo que amplía las investigaciones en torno a un posible esquema reiterado de despojo en la zona.
Este caso representa un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal de tierras en Oaxaca, al evidenciar que incluso servidores públicos pueden ser llamados a rendir cuentas ante la ley, al tiempo que refuerza la exigencia de justicia de las comunidades agrarias de la entidad.
