Carolina Espina
Las huellas de la violencia que han sufrido no solo las llevan en la piel, sino también en la mente y en el alma porque jamás volvieron a ser las mismas. Tras ser atacadas con ácido, tuvieron que sufrir la recuperación, pero también la impunidad que, en la mayoría, ha dejado sin castigo a sus agresores.
A nivel nacional son 36 las mujeres atacadas de esta forma, de las cuales ocho han perdido la vida, agresiones con denuncias puestas y apenas siete de los agresores están en la cárcel. Todos son procesos abiertos que siguen un cauce lento y burocrático. Mientras ellas, tienen que adaptarse a una nueva vida marcada por la violencia.
“Los ataques con ácido son un tipo específico de violencia feminicida, porque la letalidad de las sustancias empleadas, aunado con la inexistencia o ineficacia de modelos de atención especializada, medidas de protección y la impunidad social y del Estado, pueden desembocar en un asesinato u otras formas de muerte violenta”, explica Ximena Canseco, investigadora y vocera de la Fundación Carmen Sánchez.
Se habla de violencia feminicida porque la letalidad de las sustancias empleadas, aunado con la inexistencia o ineficacia de modelos de atención especializada, medidas de protección y la impunidad social y del Estado, pueden desembocar en un asesinato u otras formas de muerte violenta.
“Es decir, independientemente de si las víctimas son asesinadas a manos de los agresores, todas ellas están expuestas a sufrir un accidente fatal o un suicidio por el estado físico, emocional, psico-social y económico en el que encuentran”, señala la especialista.
Actualmente, en el Código Penal Federal vigente, no se castigan los ataques con sustancias corrosivas. Las entidades federativas que más reportan estos crímenes son la Ciudad de México, Puebla y el Estado De México.
De acuerdo a datos de la Fundación Carmen Sánchez, institución creada por ella en enero de 2021, tras su recuperación de la agresión con ácido, en la mayoría de los casos, las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad.
En el 85 por ciento de los casos el autor intelectual fue un hombre, en un 30 por ciento, sus parejas o ex parejas sentimentales. En el 90 por ciento de los casos, el ataque ha ido dirigido al rostro y la mayoría de los crímenes se cometieron en calle, en su casa o en la puerta de entrada
Para la perita Adriana Reyes, colaboradora de la fundación, esto tiene un mensaje claro: “La intención del ataque al rostro es desfeminizar el cuerpo. Hacer que no sea agradable para los ojos de otro hombre. Y quitarle las características que, al menos en el imaginario social, son propias de la mujer”.
Asimismo, más del 30 por ciento de los ataques se cometieron por dos o más personas, ya sea como actores materiales o como intelectuales y en el 96 por ciento de los casos no ha habido sentencia, pero cuatro agresores ya fueron vinculados a proceso: tres por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar.
En Oaxaca, el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ha puesto el dedo en el reglón para que a nivel nacional se tomen medidas para castigar a quienes agredan a las mujeres con ácido o con cualquier sustancia que pueda dejarle una marca de por vida. Por entidades, solo tres reconocen estas agresiones como delito.
En un avance para lograr que este tipo de ataques se castigue con penas severas, hace unos días en el Congreso de la Ciudad de México se presentó la iniciativa de la denominada “Ley Malena“, esto para agregar el concepto de “violencia ácida” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Presentado por una diputada morenista, se estableció que dicha ley debe contemplarse que quien ataque con ácido o sustancias corrosivas a las mujeres, sea castigado con ocho a 12 años de prisión y según las agravantes, la pena podría alcanzar hasta los 30 años.
Aseguró que los agresores que atacan a las mujeres con ácido buscan lesionar de forma permanente la imagen de la víctima o asesinarlas de forma dolorosa, por lo que se requiere tipificarlo como feminicidio. “Buscan borrar la identidad de las mujeres y marcarnos de por vida, se busca generar su muerte de forma dolorosa”.
Señaló que se debe establecer como aquel que pretenda causar daño físico irreversible que lastime, altere o cause una discapacidad mediante la acción de lanzar ácido, sustancias químicas corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que pudiera provocar lesiones en órganos internos, externos o ambos.
Hasta el momento, la lucha de María Elena Ríos y 35 mujeres más, continúa para evitar que más puedan ser agredidas con sustancias que les recuerden cada momento la violencia sufrida, y la indiferencia de las autoridades para ejercer la justicia, ya que los ataques con ácido son una de las formas de violencia más visibles y extremas que existen en México, tan solo por debajo del feminicidio.
Acid Survivors Trust International (ASTI), organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que al año se producen al menos mil 500 agresiones de este tipo en el mundo, más del 80 por ciento a mujeres y cada vez hay más casos en América Latina.
El uso de productos como el ácido sulfúrico, es un acto premeditado con el que el agresor persigue un objetivo claro: “Tienen la intención de desfigurar permanentemente a la víctima, de causarle daños físicos y psicológicos brutales, de provocarle graves cicatrices y condenarla al ostracismo”, explica Meryem Aslan, responsable del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Un crimen cometido la mayoría de las veces por aquellos a quien la agredida ignoró o rechazó.
