Con responsabilidad, transparencia y ordenamiento financiero, el Gobierno de Oaxaca ejercerá los recursos resultantes de la aprobación por la LXIV Legislatura del Estado del refinanciamiento de la deuda de largo plazo y de la solicitud de financiamiento para infraestructura por 3 mil 500 millones de pesos, sin que lo anterior represente añadir cargas fiscales a los ciudadanos oaxaqueños.

Durante una conferencia con los medios de comunicación, el secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón, destacó que el compromiso de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa es llevar unas finanzas ordenadas para que al final de su administración se deje al gobierno sin deudas de corto plazo y con un endeudamiento global 2 mil 700 millones de pesos menor al que recibió de manos de la administración anterior.

Por lo que reconoció la sensibilidad política de las y los legisladores del Congreso del Estado al aprobar la propuesta de refinanciamiento de la deuda de largo plazo y la solicitud de financiamiento por 3 mil 500 millones de pesos para desarrollar infraestructura que abone el bienestar de las y los oaxaqueños. Especificó que estos recursos atenderán las más altas prioridades de la entidad, como son: rehabilitación de caminos, carreteras, puentes, agua, electricidad y espacios públicos dignos, entre otros.

El funcionario precisó que con estos recursos se realizarán 150 acciones de infraestructura social en 140 municipios del estado. Lo anterior permitirá atender las necesidades de miles de familias oaxaqueñas y generará más de 14 mil 500 empleos directos e indirectos. También aseveró que en la ejecución de estos proyectos se priorizará la participación de empresas oaxaqueñas.

Mendoza Téllez Girón aclaró que los recursos provenientes del financiamiento no ingresarán a las arcas de la Secretaría de Finanzas, sino que estarán disponibles en los bancos para que los propios municipios los obtengan conforme los proyectos sean aprobados.

El funcionario explicó que para la supervisión de la adecuada ejecución de las obras, por instrucciones del Gobernador se establecerá un Comité de Seguimiento, Transparencia y Rendición de Cuentas, que velará por que los recursos se apliquen de la manera correcta y la infraestructura desarrollada resulte en verdaderos beneficios para la sociedad oaxaqueña al favorecer la productividad, la inversión, la competitividad y el empleo para las y los oaxaqueños.

Expuso que al inicio de la administración del gobernador Murat Hinojosa, la deuda total del Estado, tanto de corto como de largo plazo, oscilaba entre los 18 mil 845 millones de pesos, sin embargo, como resultado del ordenamiento financiero, estrategias de austeridad y recortes presupuestarios que estableció el propio Ejecutivo Estatal, en dos años y medios se redujo el monto total de la deuda a 16 mil 800 millones de pesos. Este cumplimiento, aunado al compromiso de dejar en ceros la deuda de corto plazo al final de la administración, resultará en una disminución del endeudamiento global al término la presente administración.

Además, como resultado de las estrategias de refinanciamiento podrán liberarse recursos por al menos 936 millones de pesos que facilitarán el ordenamiento financiero de la entidad, lo que permitirá establecer una estructura de servicio en mejores condiciones, con un esquema de pagos más conveniente para Oaxaca; así como mejorar la sobretasa bancaria al abrir la posibilidad de que más bancos del país participen en el refinanciamiento.

También se destacó el ahorro de mil 300 millones de pesos que se generó por el pago anticipado del PPS de Ciudad Judicial, originalmente proyectado a 15 años, pero que se decidió finiquitar tres y medio años antes de su vencimiento.

Mendoza Téllez aclaró que estas operaciones se realizan con transparencia y estricto apego a los lineamientos y parámetros que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin poner en riesgo las calificaciones del Estado de Oaxaca, que se ubican en un nivel sólido de capacidad de pago A- de acuerdo con las cuatro principales agencias calificadoras que operan en el país.