Con un llamado a recuperar la tranquilidad y poner freno a la violencia, el periodista José Ignacio Santiago Martínez, director del portal Pluma Digital, encabezó este domingo una marcha pacífica en Juchitán de Zaragoza para exigir a las autoridades acciones contra el cobro de piso, las extorsiones y la inseguridad que afectan a la población.
Acompañado por ciudadanos que portaron pancartas y lanzaron consignas, el comunicador encabezó el contingente que recorrió la carretera Transístmica hasta llegar al centro de la ciudad. Durante la movilización destacó el mensaje: “¡Juchitán merece vivir en paz!”, así como el llamado a la unidad para evitar que el miedo siga condicionando la vida de las familias.
La protesta ocurre después de que el propio periodista denunciara amenazas de presuntos extorsionadores, quienes, según su testimonio, desde julio pasado le exigían 50 mil pesos por concepto de derecho de piso.
El caso tomó mayor relevancia luego de que el sábado 7 de noviembre su restaurante Rockaway, ubicado sobre la carretera Canal 33 y de su propiedad, fuera atacado a balazos. Ante las amenazas y el riesgo para sus familiares, Santiago Martínez decidió sacarlos de Juchitán y cerrar definitivamente el establecimiento.
Durante la marcha, el director de Pluma Digital sostuvo que las agresiones no lo harán abandonar su labor informativa y reiteró su exigencia de que las autoridades municipales, estatales y federales, así como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), investiguen los hechos y actúen contra quienes operan las redes de extorsión.
El comunicador señaló que comerciantes, transportistas y familias enfrentan un escenario de amenazas y presiones que afecta sus actividades y su tranquilidad, por lo que consideró urgente una respuesta institucional que permita recuperar la seguridad en el municipio.
“Hoy Juchitán nos necesita unidos. No podemos seguir permitiendo que el miedo gobierne nuestras calles”, fue parte del mensaje que acompañó la movilización.
La marcha convirtió las denuncias por extorsión y el reclamo de seguridad en una exigencia pública para que Juchitán recupere la paz y sus habitantes puedan desarrollar sus actividades sin amenazas.






































