Habitantes de Santa María Colotepec, encabezados por el presidente municipal Román Valencia Ramos y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, José García Salinas, mantienen el bloqueo sobre la autopista Barranca Larga–Ventanilla, bajo la tensión de haber retenido al delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Oaxaca y a una representante de CAPUFE.
La acción fue acordada en asamblea comunitaria como medida de presión para exigir el inicio inmediato de la construcción de cerca de 19 kilómetros de caminos artesanales, obra cuyo costo supera los 100 millones de pesos, según confirmaron autoridades federales.
De acuerdo con la información oficial, los inconformes condicionaron la liberación de los funcionarios a que este miércoles inicien los trabajos con maquinaria en la zona, además de rechazar cualquier negociación que no garantice el arranque inmediato de las obras.
Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por al menos cinco delitos, entre ellos el bloqueo a vías generales de comunicación, contemplado en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que establece sanciones de tres meses a siete años de prisión, además de multas económicas.
Autoridades federales señalaron que previamente ya se había firmado un acuerdo de compromisos con las comunidades. Entre ellos se contempla la pavimentación de 850 metros entre Tecomate y Piedras Negras, la construcción inicial de tres kilómetros de camino artesanal entre Piedras Negras y Ventanilla, así como la continuidad de la obra en años posteriores hasta completar 18.4 kilómetros.
El documento también incluye la habilitación de pasos ganaderos en la zona de El Camalote y Los Figueroa, mantenimiento de la autopista y la elaboración del proyecto para un puente de 12 metros sobre el arroyo Piedras Negras, además de instalar una mesa de diálogo en un plazo de dos a tres semanas.
Los pobladores sostienen que el bloqueo responde al incumplimiento de compromisos asumidos durante la construcción de la autopista, entre ellos la pavimentación de caminos laterales que conectan con comunidades cercanas y la falta de mantenimiento en algunos tramos.
También reclaman que CAPUFE no acepta cartas de residencia expedidas por los municipios para permitir el libre tránsito de habitantes por la vía de cuota, pese al compromiso que, aseguran, hizo hace dos años el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que las comunidades cercanas pudieran circular sin pagar peaje.
La autopista Oaxaca–Costa, en su tramo Barranca Larga–Ventanilla, tiene una longitud de 104.3 kilómetros y atraviesa municipios como Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Vicente Coatlán, San Pablo Coatlán, San Sebastián Coatlán y Santa María Colotepec.
Por su parte, el Gobierno de Oaxaca informó que ha participado como mediador en mesas de diálogo entre las comunidades, la SICT y CAPUFE, además de señalar que el gobierno federal ya autorizó la construcción de un entronque en San Sebastián Coatlán, obra valuada en 350 millones de pesos que actualmente se encuentra en proceso de licitación.
