Redacción
Lejos de cumplir con su función de defensa de pacientes y mediación en conflictos por mala práctica médica, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) atraviesa una de sus etapas más cuestionadas. A más de 20 años de su creación, el organismo enfrenta señalamientos por operar bajo una lógica de cuotas políticas, simulación institucional y control presupuestal.
De acuerdo a una denuncia en redes sociales, el reciente proceso de renovación de consejeras y consejeros encendió las alertas, porque aunque el Congreso del Estado abrió una convocatoria pública y decenas de aspirantes comparecieron para exponer proyectos de trabajo, el ejercicio habría sido meramente decorativo. Versiones internas apuntan a que las decisiones fueron definidas antes de las comparecencias.
La operación política, señalan, se habría gestado desde la Comisión Permanente de Salud, encabezada por la presidenta Tania López López, quien junto con la presidenta de Junta de Coordinación Política (Jucopo), Tania Caballero Navarro y otros actores legislativos, habría privilegiado afinidades y compromisos por encima de perfiles técnicos y autónomos. El resultado: un Consejo alineado a intereses específicos y no a la defensa de los usuarios del sistema de salud.
La designación de la nueva titular de la CEAMO profundizó la polémica. Martha Nicolás Anaya, esposa del anterior titular de la misma dependencia, Alberto Vázquez San Germán, fue nombrada al frente del organismo tras una votación exprés del nuevo Consejo. La decisión fue interpretada como una continuidad de grupo, incompatible con los principios de independencia que rigen a los organismos autónomos.
A este entramado establecen denunciantes, se suma la influencia del subcomisionado jurídico del Estado, Noé Martínez Morales, cuyo círculo cercano figura dentro de la estructura del organismo. La presencia de familiares y personas afines refuerza la percepción de que la CEAMO dejó de ser un ente ciudadano para convertirse en un espacio de control político-administrativo.
Los primeros movimientos internos confirmaron las sospechas. En áreas estratégicas, particularmente la administrativa, se realizaron nombramientos de personas vinculadas al entorno político de la presidenta de la Comisión de Salud, Tania López y de su esposo, Alejandro López Jarquín, lo que evidencia un reparto de posiciones como parte de acuerdos previos, ya que la CEAMO manejará un presupuesto de 12.5 millones de pesos.
Este esquema revela un patrón: la utilización de un organismo autónomo como plataforma para asegurar presupuesto, influencia y permanencia de grupos de poder. Una práctica que no solo vulnera la legalidad, sino que mina la confianza pública y deja sin respaldo efectivo a quienes acuden a la CEAMO en busca de justicia médica.
Ante este escenario, crece la exigencia de una revisión exhaustiva al proceso de designación y al funcionamiento interno del organismo. La responsabilidad política recae en quienes desde el Congreso permitieron —o impulsaron—, la captura de una institución creada para servir a la ciudadanía y no a intereses particulares de funcionarios en turno.
